El entramado político-electoral para usar programas sociales en beneficio del PRI en el estado de Veracruz, puesto al descubierto por el PAN, revela la naturaleza corrupta del partido en el poder federal. Y si bien ya se realizaron las primeras destituciones de funcionarios implicados, es claro que con ellas se pretende lavar imagen y, sobre todo, evitar que rueden las cabezas de dos responsables principales: la del gobernador de esa entidad, Javier Duarte, y la de la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles.
Por Álvaro Delgado/ Proceso
La red de funcionarios federales, estatales y municipales para usar ilegalmente los programas antipobreza a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Veracruz, puesta al descubierto por el Partido Acción Nacional (PAN), no sólo exhibe al gobernador Javier Duarte como jefe de delincuentes electorales, sino también al presidente Enrique Peña Nieto y a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) que opera el programa emblema del sexenio: La Cruzada contra el Hambre.
En la denuncia penal que presentó el PAN ante la Procuraduría General de la República (PGR), a través del diputado federal Humberto Alonso Morelli, no queda duda: Duarte está al frente de la “estructura paralela” al PRI en Veracruz, como lo confiesan los responsables políticos y operativos de ésta, miembros del primer círculo del gobernador priista.
A lo largo de las 50 cuartillas de la denuncia penal, presentada el martes 16 y de la que Proceso tiene copia, los involucrados describen, a detalle, el plan para hacer triunfar al PRI con base en el uso ilegal de programas federales, estatales y municipales, una trama en la que intervienen al menos 59 servidores públicos –no 57–, la mayoría priistas.
Pero también en la denuncia contra “El cártel rojo de Veracruz” –como lo denomina el PAN– se identifica como “cómplices” a funcionarios del Instituto Federal Electoral (IFE) y del Instituto Electoral Veracruzano (IEV), quienes facilitan la infiltración de priistas como funcionarios y realizan cambios de credenciales de elector indebidamente.
Según la denuncia, están involucrados el vocal ejecutivo del Registro Federal de Electores (RFE) en esa entidad, Sergio Vera Olvera, a Mariana Sánchez “y los encargados de los módulos” del IFE, así como la presidente del IEV, Carolina Viveros González, el vocal de capacitación, que no identifica, y “los capacitadores asistentes electorales”.
La denuncia refiere que los funcionarios del IFE “autorizaron cambios de domicilio de electores entre municipios que no son procedentes de acuerdo con la normatividad legal, principalmente a los municipios de Boca del Río y Veracruz”.
Por ello pide a la PGR que solicite al IFE cuántos de esos cambios se hicieron este año de otros municipios del estado a la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, “así como de municipios de los estados limítrofes con Veracruz proporcionando los nombres y demás datos de dichos electores”.
En la denuncia ante la PGR, el PAN asegura: “Se tiene conocimiento de que en todo el estado está operando una estructura paralela similar a la de Boca del Río y de que se ha estado contratando a personas con residencia en otros estados para que voten a favor de los candidatos del PRI a cambio de dinero, transportándolos de sus lugares de origen y regresándolos al terminar la jornada electoral”.
Añade: “Según sabemos, ya realizaron trámites de cambio de domicilio a diversas ciudades del estado, principalmente Veracruz y Boca del Río, con la complicidad de los funcionarios y empleados del Registro Federal de Electores antes mencionados, quienes no exigen un documento que acredite fehacientemente su residencia efectiva”.
En el caso de los funcionarios del IEV, la denuncia recoge testimonios en el sentido de que ese órgano “está de nuestro lado”, pero también se planea colocar como funcionarios de mesa directiva de casilla a priistas, como lo planteó en una reunión la representante del PRI ante el IEV, Rosa María Adriana Mendoza.
La priista dice que se debe trabajar “para que nuestra gente ocupe las primeras posiciones en este proceso electoral” y por eso pide que se invite a priistas para que se capaciten: “Y, bueno, nosotros nos encargamos de lo demás a través del capacitador de convocarle una posición de escolaridad alta para que él ocupe la integración (de mesas directivas de casilla) como presidente, secretario y como escrutador”.
Otro videoescándalo
Con base en más de 13 horas de grabaciones, el PAN acusa a Duarte de violar los artículos 108 de la Constitución –que establecen que los gobernadores son responsables por las violaciones a ésta, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales–, y 134, que obliga a aplicar con imparcialidad los recursos públicos.
También se le imputa al gobernador y a los otros 56 denunciados cometer numerosos delitos previstos en el Código Penal y en cuatro leyes –asociación delictuosa, entre ellos–, así como el Programa de Blindaje Electoral 2013 de la Sedesol por condicionar la entrega de los programas sociales como Oportunidades, pensiones, despensas, sillas de ruedas, prótesis auditivas…
Este golpe político del PAN a Duarte, difundido el miércoles 17 y cuyo artífice es el expriista Miguel Ángel Yunes, se produce en medio del lanzamiento de la Cruzada Nacional contra el Hambre, a la que fue invitado el expresidente brasileño Luis Inacio Lula Da Silva.
La operadora de este plan, la experredista Rosario Robles, titular de la Sedesol, fue ubicada por el PAN como la artífice del uso clientelar de los programas sociales en varios de los 14 estados donde habrá elecciones locales en julio de este año como Aguascalientes, Coahuila, Quintana Roo, Durango, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1903, ya en circulación)
