Con base en un documento militar obtenido por el Centro Prodh, esta organización civil denunció que las ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares el 30 de julio de 2014 en Tlatlaya, Estado de México, fueron derivadas de una orden directa y escrita, que literalmente mandaba a los soldados apostados en la región a “abatir a delincuentes en horas de oscuridad”.
Para el Centro Prodh, la orden de “abatir delincuentes” es “unívocamente” entendible como una orden de asesinar.
Sin embargo, aseguró la Sedena, dicho documento incluye en realidad “38 indicaciones (y) busca proteger la vida de las personas, la seguridad de las tropas y privilegiar el respeto a los derechos humanos, lo que se acredita en varios párrafos del documento”.
Para la Sedena, en el mismo documento que el Centro Prodh presenta como prueba también se establece que “la prioridad durante las operaciones será garantizar la seguridad de las personas inocentes, evitándose generar víctimas colaterales”.
Además, el documento dado a conocer por el Centro Prodh subraya que “lasoperaciones deben realizarse con estricto respeto a los derechos humanos, evitando cateos sin orden de la autoridad judicial, así como el traslado de detenidos al interior de instalaciones militares”.
Para la Sedena, “del análisis de la totalidad del documento, se desprende que su propósito es que las operaciones del personal castrense se ajusten al marco jurídico vigente, que contempla el respeto irrestricto de los derechos humanos”, y no instruir a la tropa para que cometa delitos.
Cabe destacar que luego de que el Centro Prodh diera a conocer este documento interno de la Sedena, el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, demandó profundizar la investigación sobre la matanza de Tlatlaya, ya que “las órdenes a oficiales encargados de hacer cumplir la ley nunca pueden consistir en salir a matar criminales”.
Fuente: Animal Político
