El secretario de Seguridad Pública (SSP) de Aguascalientes, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, se reservó su derecho a declarar y solicitó a un juez de control con sede en la Ciudad de México, la duplicidad del término constitucional de 144 horas para que el próximo 8 de febrero se defina si lo procesan por su presunta responsabilidad en los delitos de tortura, abuso de autoridad y falsedad de declaraciones judiciales.
Este jueves se realizó la audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el reclusorio Norte que duró casi cuatro horas y que presidió Marcos Vargas Solano, juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México.
La diligencia se realizó sin la presencia de medios de comunicación debido a los contagios de algunos trabajadores por coronavirus.
Fuentes judiciales señalaron que la audiencia se llevó a cabo bajo las reglas del viejo sistema de justicia penal, donde el Ministerio Público Federal leyó los cargos del expediente que consignó contra el secretario. En tanto, se decide su situación, permanecerá en el Reclusorio Norte.
La investigación en contra de Sánchez Mendoza inició en 2016, luego de la notificación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la apertura a trámite de una petición realizada por una víctima, quien aseguró que fue objeto de tortura por el funcionario y otra persona, luego de ser detenido sin motivo alguno por presuntos agentes de la extinta Policía Federal (PF) al salir de un gimnasio en la Ciudad de México.
