Atenuada la violencia en el discurso oficial del gobierno peñanietista, la atención a sectores vulnerables como los menores de edad ha desaparecido de la política pública, denunció la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).
La organización civil reprochó que desde la llegada de Peña Nieto al poder, se hayan hecho a un lado los trabajos de la “Mesa Interinstitucional para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas en Escenarios de la Delincuencia Organizada”, creada durante la administración de Felipe Calderón en 2011 como resultado de la presión de organizaciones civiles nacionales e internacionales al evidenciarse que los menores eran el sector más afectado por la guerra contra el narcotráfico.
La REDIM recordó que la Mesa Interinstitucional surgió “con el fin de establecer y fortalecer la coordinación institucional para salvaguardar su integridad, y proteger los derechos humano de niñas, niños y adolescentes víctima de hechos violentos vinculados con la delincuencia”, trabajos que no han sido retomados por el gobierno de Peña Nieto.
Cabe resaltar que la última referencia de dicho organismo data del 21 septiembre de 2012. Se trata de un boletín del DIF nacional en el que se informa sobre los protocolos de atención a los menores y del personal capacitado de la Procuraduría General de la República (PGR), y de la Procuraduría de Atención a Víctimas (Províctima).
La REDIM urgió a retomar los protocolos de actuación, luego de que el pasado 17 de diciembre cinco estudiantes de Reynosa, Tamaulipas, murieron atropellados por un vehículo en el que viajaban presuntos integrantes del crimen organizado, además de que resultaron heridas una mujer y una niña.
Al exigir a las autoridades el esclarecimiento de los hechos, la organización civil consideró “indispensable que las autoridades revisen a la brevedad los protocolos de actuación en casos como el que se describe, donde se pone en riesgo la vida de las ciudadanas y los ciudadanos inocentes por el simple hecho de transitar las calles”.
En la misma entidad donde los estudiantes murieron atropellados, recordó, en marzo de este año, en Ciudad Victoria, una adolescente de 15 años, Betzi Gabriela Rodríguez, fue asesinada por un teniente de infantería del ejército, César Eleuterio Chávez Soto, luego de una persecución a integrantes del crimen organizado que la habían secuestrado. De ese caso dio cuenta Proceso en la edición 1936.
La preocupación de la REDIM por la violencia de que son víctimas los jóvenes no es gratuita, pues en Tamaulipas, estado considerado por la organización como uno de los diez más violentos, en 2011 la tasa de mortalidad por homicidio en la población de cero a 17 años fue de 4.3 por cada 100 mil y en el grupo de 15 a 17 años la tasa se elevó a 21.1 por cada 100 mil, de acuerdo a datos de Registro y Base de Datos de Defunciones, del Instituto Nacional de Estadística (INEGI) y del Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS).
Los sistemas estadísticos oficiales hablan de que los homicidios de niños, niñas y adolescentes tienen la mayor incidencia en Chihuahua, Nuevo León y Sinaloa, entidades donde la guerra contra el narcotráfico no termina.
La REDIM recordó que en febrero de 2011 el Comité sobre los Derechos del Niño de la ONU recomendó a México adoptar “medidas adecuadas para proteger a los niños de las acciones militares y policiacas en el contexto de las medidas para mantener la seguridad pública, así como la violencia armada por los grupos armados no estatales”.
Además de demandar el cumplimiento de las recomendaciones del comité de la ONU, la organización exigió al gobierno de Peña Nieto reactivar los trabajos de la “Mesa Interinstitucional para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas en Escenarios de la Delincuencia Organizada” y la aplicación de los protocolos creados para “orientar el actuar de las fuerzas de seguridad”.
Pidió también avanzar en la creación del “Sistema Nacional de Garantías de Derechos de la Infancia, entendido como la articulación de los sistemas de asistencia, educación, salud, desarrollo social y justicia, para que se logren articular las políticas públicas, programas e instituciones que atienden a la niñez”.
Fuente: Proceso
