Después de la vinculación a proceso de Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) acusado de delincuencia organizada, en modalidad de lavado de dinero, y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58 millones de pesos, el rector de esta institución, Adolfo Pontigo Loyola, y los hermanos Damián y Agustín Sosa, promovieron amparos para evitar ser detenidos.
Pontigo, cuyas cuentas personales siguen inhabilitadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que lo investiga como probable coautor del esquema de corrupción para sustraer recursos de la UAEH por el que la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a su jefe político, Gerardo Sosa Castelán, requirió el amparo contra cualquier orden del titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo.
El expediente por el que recurre a la protección federal para evitar una posible detención —según la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal— es el de la causa penal 263/2020, misma de Gerardo Sosa Castelán.
Por esta causa, además, hay tres detenidos que igualmente fueron vinculados a proceso el 6 de septiembre por el juez de control con sede en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, Gregorio Salazar Hernández: Juan Manuel Hernández Gayosso, contador y supuesto operador financiero, y María Luisa Montalvo Sierra y María Cruz Campos Álvarez, accionistas de la empresa Contabilidad del Siglo XXI, utilizada para dispersar dinero de la UAEH a cuentas personales de la familia Sosa.
Asimismo, en esta causa penal ya hay órdenes de aprehensión libradas contra las hijas de Gerardo Sosa, Adriana y Ana Carmen Sosa Cravioto, que no han sido ubicadas.
Pontigo Loyola ha denunciado un supuesto actuar ilícito por parte del titular de la UIF y, tras la detención de Gerardo Sosa, a quien la UAEH ratificó y respaldo como presidente del Patronato, insistió en “ataques” contra la casa de estudios para intrometerse en su autonomía.
Con base en la presentación de argumentos de la audiencia inicial, la FGR no acusa a la UAEH como institución, sino a un grupo organizado, liderado por el mayor de los Sosa Castelán, de operar un esquema de trangulación para beneficiarse del dinero que debía ser para los universitarios.
En tanto, los hermanos Óscar Damián y Agustín recurrieron al amparo ante cualquier detención ordenada por el juez primero de Control del Distrito Judicial de Pachuca, por la causa 625/2020.
En el caso de Saúl Agustín, actual secretario general de la UAEH, sí fue admitido. El Juzgado Tercero de Distrito concedió la medida de suspensión provisional “para el sólo efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan y no sea privado de su libertad personal con motivo de orden de aprehensión, citación, comparecencia y/o presentación”, hasta que la parte contra la cual solicita el amparo exponga sus motivos y se realice la audiencia incidental.
Para ello, requirió una garantía de 10 mil pesos a pagar en los próximos cinco días.
Damián Sosa es candidato del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la presidencia municipal de Tulancingo, Hidalgo, actualmente en campaña.
En su caso, el amparo que promovió tiene una prevención; es decir, aún no se ha admitido, sino que lo previenen para que cumpla con ciertos requisitos y el juzgado Federal determinará si lo admite.
La FGR imputó a Gerardo Sosa Castelán ser la cabeza de una maquinaria de corrupción para sustraer recursos de la casa de estudios. El también exrector mantiene el control político de la institución desde 1979, cuando, tras emanar de la extinta organización porril Federación de Estudiantes Universitarios de Hidalgo, se erigió como el líder fáctico.
El juez de control con sede en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano fijó tres meses para la investigación complementaria, que culmina el 1 de diciembre de 2020, tiempo en el que los cuatro implicados permanecerán en prisión.
