Un mes después del arresto de la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, una de sus hijas, Maricruz Montelongo Gordillo, solicitó un amparo para saber si existen órdenes de aprehensión en su contra.
Luego de que el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, admitió que la dependencia a su cargo investiga a más personas por el posible desvío de recursos por el que se acusa a La Maestra, Montelongo procedió a la búsqueda de un amparo contra una orden de aprehensión, reaprehensión, presentación y arraigo, entre otros.
Incluso en su demanda de garantías la hija de Gordillo también solicitó el amparo contra una posible orden de “desaprehensión”, medida cautelar no prevista en las leyes penales mexicanas.
De acuerdo con las listas de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la demanda de Montelongo se encuentra radicada bajo el expediente 341/2013 en el Juzgado tercero de Distrito con sede en el estado de Guerrero.
El juez de amparo correspondiente pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) y a diversos juzgados de distrito, que habrían ordenado las medidas cautelares contra Montelongo, que aclaren si es cierto que exista alguna orden de aprehensión u otras medidas referidas por la quejosa.
Montelongo y su hermana Mónica Arriola fueron señaladas por la excajera del SNTE, Nora Guadalupe Ugarte –también presa y sujeta a proceso por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada–, de haber obtenido beneficios del desvío de recursos perpetrado contra el gremio magisterial.
Hasta el momento no se ha fijado la fecha de audiencia constitucional para que se determine si se concede o no el amparo a la hija de La Maestra.
En semanas anteriores, otros familiares de Elba Esther Gordillo, entre nietos, yernos y su exmarido, presentaron demandas de amparo contra probables órdenes de aprehensión. Hasta ahora, todas esas demandas han sido rechazadas.
Se trata de recursos legales con los que las personas cercanas a la exlideresa magisterial simplemente buscan confirmar si existe alguna medida cautelar (orden de arresto, de arraigo o de cateo) en su contra, como parte de las investigaciones que realiza actualmente la PGR por el caso Gordillo.
Entre las personas que anteriormente solicitaron amparos se encuentran Francisco Arriola, exesposo de Gordillo; René Fujiwara Apodaca, yerno de la dirigente, y Silvia Luna, exdiputada del Partido Nueva Alianza (Panal).
El pasado miércoles 6, Jesús Murillo Karam no rechazó que la dependencia a su cargo esté investigando a más personas por el posible desvío de recursos por el que se acusa a Gordillo.
“Hasta este momento, la investigación de actos que constituyen delitos está centrada en las (personas) que consignamos. Nosotros investigamos en función de los hechos que vamos viendo, en función de eso determinaremos a quién más consignar”, dijo el procurador al concluir un acto en la residencia oficial de Los Pinos.
Añadió:
“Nosotros no vamos detrás de nadie (…) lo que el presidente dijo es que quienes los hayan cometidos (los delitos) tendrán que ser sometidos a la ley y eso es lo que vamos a hacer. Hay muchas diferencias entre lo que es público y entre lo que hay evidencia”.
Fuente: Proceso
