La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al gobierno federal reanudar las tareas de coordinación para seguridad pública con el de Chihuahua, interrumpidas a finales de septiembre por el conflicto de entrega de agua a Estados Unidos cuando productores agrícolas expulsaron a la Guardia Nacional de la presa La Boquilla.
“Se concede la suspensión para que las autoridades federales competentes asistan a las sesiones que celebre la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz y Seguridad del Estado de Chihuahua, y consecuentemente, en términos del Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024, adopten decisiones de manera conjunta y <> atendidas por el mando operativo contribuyendo al suministro, intercambio y actualización de información en materia de seguridad para la ejecución, seguimiento y evaluación de los planes, programas “, resolvió la Corte.
Por unanimidad, los cuatro ministros de la sala declararon fundado el recurso de reclamación que presentó la administración de Javier Corral para impugnar la negativa original de suspensión, dictada el 17 de noviembre por la ministra Yasmín Esquivel,, que se negó a declarar inconstitucional la decisión del Gobierno Federal de levantarse de las mesas de coordinación de seguridad en Chihuahua.
Antes del conflicto, se sostenían reuniones de coordinación las autoridades militares y federales (SSPC, Bienestar, entre otros) con funcionarios del Gobierno estatal (entre ellos el gobernador, el fiscal, personal de SSPE, entre otros).
La descoordinación de fuerzas de seguridad federales y estatales ocurrió en en septiembre tras el conflicto del agua, cuando agricultores tomaron la presa La Boquilla y expulsaron a los elementos de la Guardia Nacional.
El Gobierno de Chihuahua interpuso recursos legales que derivaron en la controversia constitucional 180/2020 en la SCJN, donde ahora resuelven los ministros que es inconstitucional la descoordinación de la Federación en materia de seguridad con el Estado.
De acuerdo con la resolución de la Segunda Sala, “es susceptible de afectar la eficacia y operatividad de las estrategias y políticas públicas tendientes a combatir el crimen, la violencia y, en general, todas aquellas cuestiones que afectan la seguridad y la paz de las personas”.
Por tanto incurre la autoridad federal en “daño al interés social y al orden público”, por la ausencia de coordinación. Y finalmente, la sala de la SCJN dispuso “que las autoridades federales competentes asistan a las sesiones que celebre la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz y Seguridad del Estado de Chihuahua”.
(Con información de Tiempo)
