Por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el “derecho a la vida” que el congreso estatal añadió a la constitución de Sinaloa, otorgando al producto de la concepción la misma protección jurídica que a las personas nacidas.
Debido a que ocho de los ministros, la mayoría calificada, coincidió en el argumento principal para declarar esta invalidez, la decisión de la SCJN será jurisprudencia, invalidando no sólo la norma impugnada en Sinaloa, sino también las similares que están vigentes en 16 estados del país.
El argumento básico de esta decisión es que los congresos estatales no están facultados para limitar derechos humanos, y en este caso el “derecho a la vida” acota la libertad reproductiva y el derecho a decidir de las mujeres.
“Esta disposición altera el significado de derechos y contribuye a construir un imaginario social adverso para el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes, pues fomenta la creencia sobre la incorrección de ciertas opciones reproductivas, lo que significa la cancelación de la autonomía personal que caracteriza a las sociedades democráticas y aumenta el estigma para quienes acuden a estos servicios de atención médica”, advirtió el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, autor del proyecto de sentencia aprobado.
Añadió: “los principales esfuerzos del Estado para proteger la vida en gestación como un bien constitucionalmente valioso deben encaminarse a proteger efectivamente los derechos de las mujeres y de las personas gestantes, por ejemplo ocupándose en la continuidad de los embarazos deseados, asegurando atención prenatal a todas las personas bajo su jurisdicción y proveyendo partos saludables “.
La ministra Norma Lucía Piña Hernández explicó que el producto de la gestación también tiene una protección constitucional, pero ésta es de un nivel diferente a la que se otorga a las personas nacidas: “el precedente de la Constitución es consistente al referirse a personas como los individuos a partir de su nacimiento, es decir a partir de que adquieren las capacidades para ejercer los derechos, pues cuando nuestra Constitución se refiere a los no nacidos usa un concepto distinto, que es el de producto de la concepción, como se advierte del artículo 123”.
A su vez, la ministra Ana Margarita Ríos Farjat sostuvo que la SCJN no está definiendo el momento en que empieza la vida, únicamente resolvió que el congreso de Sinaloa excedió los conceptos marcados en la carta magna: “consideró un soberbio pensar que alguien posea una verdad única al respecto, no hay consenso, no hay consenso ni jurídico ni moral ni biológico ni social, cada quien tiene una verdad y conforme a ella rige su vida, pero es fundamental la objetividad del Derecho al ceñirnos al marco constitucional.”
El ministro Javier Laynez Potisek planteó directamente que el “derecho a la vida” es solo un pretexto para limitar los derechos de la mujer: “no es ni un derecho a protección a la salud, ni cuestiones de derechos humanos, sino simplemente el fundamento para poder criminalizar o llevar al campo del derecho penal una interrupción del embarazo.”
Fuente: La Jornada
