La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció por anular en la Ciudad de México el delito de ataques a la paz pública, que castigaba hasta con 30 años de prisión, al advertir que es inconstitucional porque atenta contra la libertad de expresión.
Tras revisar un recurso de amparo promovido por Bryan Reyes, uno de los detenidos durante las protestas por la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto, la Primera Sala de la SCJN coincidió en que el artículo 362 del Código Penal capitalino es ambiguo.
Por mayoría, la Sala ordenó returnar el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, este último quien al igual que Jorge Mario Pardo Rebolledo, se opuso a conceder dicho amparo.
El proyecto será reelaborado, pero con el criterio de la mayoría, con lo que se oficializará el fallo a favor del activista y se anulará dicho precepto.
Los ministros José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Norma Lucía Piña Hernández coincidieron en determinar que el precepto impugnado es inconstitucional, porque no solo es confuso, sino que también atenta contra la libertad de expresión.
Con esta resolución se abre la puerta para que otras personas echen abajo sus procesos penales o sentencias en su contra.
Antes del 1 de diciembre de 2012, dicho artículo contemplaba una pena de cinco a 30 años de prisión a los que, mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, inundación o violencia, realizaran actos en contra de las personas, de los bienes públicos o privados o servicios públicos que perturben la paz pública.
Tras la detención de jóvenes que participaron en estas protestas, y ante la presión ejercida contra las autoridades capitalinas, días después la Asamblea Legislativa reformó el precepto, el cual ahora solo prevé una pena de dos a siete años de cárcel.
La decisión de la Corte fue celebrada por la defensa de Reyes, al considerar que esta figura jurídica criminaliza la protesta social.
El abogado Guillermo Naranjo manifestó que esperarán que el proyecto sea returnado a otro ministro para tener otras resoluciones en el mismo sentido y se declare la inconstitucionalidad de ataques a la paz pública.
Al respecto, Martí Batres, presidente de Morena en la Ciudad de México, acusó que durante la administración de Miguel Ángel Mancera ha habido 500 detenidos “por razones políticas”.
Aseguró que aunque “la mayoría” están libres, “las herramientas utilizadas para enfrentar situaciones políticas no fueron las del diálogo, sino las del uso de la fuerza”.
