El fiscal general del estado, Fernando Valenzuela Pernas, ratificó que el desvío financiero en el gobierno priista de Andrés Granier Melo supera los 10 mil 600 millones de pesos y que desde hace tres años el gobierno de Estado Unidos notificó al de Tabasco las investigaciones en contra del extesorero José Manuel Sainz Pineda.
Así como de su esposa Beatriz Pérez Ceballos arrestada el pasado miércoles 24 en Texas, y su socio Martín Alberto Medina Sonda, por lavado de dinero y fraude bancario.
En rueda de prensa, el funcionario informó que a finales de 2014 la Fiscalía inició colaboración con el gobierno estadunidense, que mostró interés en la investigación por denuncias en medios nacionales e internacionales sobre desvíos de recursos en la entidad.
Producto de ese trabajo y luego de distintas reuniones, el pasado jueves 25 el agente responsable de la investigación en la Unidad contra Lavado de Dinero, Joseph Arabit, reportó la detención de Beatriz Pérez Ceballos en Houston, Texas, esposa de Sainz Pineda, secretario de Planeación y Finanzas de 2007 a 2012, en el sexenio de Andrés Granier Melo.
Además, el funcionario estadunidense avisó de la confiscación de siete bienes inmuebles en Nueva York, Miami, Los Ángeles y Texas, seis cuentas bancarias y tres vehículos, cuyo valor fue estimado en 50 millones de dólares.
Valenzuela Penas anunció que en su oportunidad la embajada de ese país, a través de las instancias competentes, notificará al gobierno de Tabasco el inicio del juicio civil en el supuesto de quedar firme la confiscación de los bienes y cuentas referidas, “a fin de que sea parte de dicho proceso para su reclamo”.
Fideicomisos en EU, Canadá, Irlanda, Dublín…
Añadió que en paralelo se lograron conocer distintos fideicomisos localizados en bancos de Nueva York, Estados Unidos; Toronto, Canadá; Dublín, Irlanda y Nueva Zelanda, abiertos entre 2007 y 2012, justo en el periodo de la pasada administración estatal.
Ante ello, se solicitó la colaboración de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República (PGR), “para los inmediatos aseguramientos de estos fondos”.
“Prueba de ello es que recientemente fueron remitidas a sus oficinas centrales (de PGR) casi 100 mil copias de una sola averiguación previa, la cual contiene información financiera relevante”, resaltó el fiscal.
Recordó que pese a la ausencia de documental probatoria de los desvíos en efectivo, la Fiscalía estima un faltante superior a los 10 mil 600 millones de pesos en todo el periodo de la administración anterior, y sentenció que se trabaja de manera ardua por recuperarlos y hacer justicia.
Señaló que las indagatorias y los procesos legales siguen su curso, entrando a una nueva etapa en la que se solicitará la recuperación del recurso perteneciente a las arcas estatales.
Dijo que así quedó probado el pasado 11 abril cuando se obtuvo sentencia condenatoria de 12 años y seis meses contra Martín Medina Sonda, socio de Sainz Pineda, por lavado de dinero.
Valenzuela Pernas reiteró que el desvío de recursos públicos por parte de la pasada administración, documentado y denunciado ante la Fiscalía, no quedará impune y se llegará a fondo.
“No habrá impunidad porque la gran víctima es el pueblo de Tabasco”, sostuvo y agregó que los recursos que se investigan, “desaparecieron de las arcas estatales y estarían apareciendo en casas en Estados Unidos, en vehículos, en cuentas bancarias, en inversiones y en propiedades en otros países”.
Sainz Pineda y Medina Sonda se encuentran presos en el Centro de Reinserción Social del Estado (Creset) desde 2013 y 2015, respectivamente. Granier Melo se encuentra en el Centro Médico del Reclusorio Femenil Tepepan de la Ciudad de México desde 2013, por problemas cardiacos, luego de una corta estancia en el Reclusorio Oriente.
De acuerdo con el expediente de acusación C-17-245, abierto en la Corte de División de Corpus Christi, en Texas, revelado por la agencia Apro, a partir del año 2006 Sainz Pineda, su esposa Beatriz y su socio Medina Sonda transfirieron a Estados Unidos grandes cantidades de dinero procedentes del “erario público”, “fraudes bancarios”, “fondos robados” y “sobornos” que lavaron a través de los bancos Morgan Stanley Smith Barnet, Royal Bank of Canada y J.P. Morgan Chase.
En 2008 compraron el departamento 28B del exclusivo condominio ubicado en el 255 de la 74th East Street, en pleno centro del barrio de Manhattan, en Nueva York, a cinco cuadras de Central Park.
El año siguiente, adquirieron las unidades 2708 y 4803 del condominio Jade Ocean y un departamento en una torre ejecutiva situada en la ciudad de Sunny Isles Beach, que se encuentra en la periferia de Miami, Florida.
También el departamento 23B en el condominio 1 West Century Drive en Los Ángeles –cuyo precio está estimado en dos millones 586 mil dólares–, una propiedad en el lujoso barrio de The Woodland, en Texas, y otra en Sugarland, también en Texas
Además, abrieron seis cuentas bancarias –a nombre de Pérez Caballos y de “empresas de papel”–, e incorporaron una sociedad en el paraíso fiscal de las Bermudas.
La justicia estadunidense acusa a los implicados de lavado de dinero y fraude bancario, delitos por los cuales enfrentarían penas de hasta 50 años de cárcel y multas por un millón y medio de dólares.
Fuente: Proceso
