El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, presentó a nombre del gobierno federal una denuncia de hechos para que la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Electorales (Fepade) investigue presuntos actos de financiamiento ilícito para la realización de una “campaña negra” contra el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, durante el proceso electoral 2017-2018, y en el que estarían involucradas organizaciones como el Consejo Mexicano de Negocios, y empresas como la compañía minera Peñoles, el gobierno del Estado de México.
OHL y el Gobierno del Edomex pagaron campaña negra contra AMLO
El funcionario dijo que en caso de que se acredite ante instancias judiciales la responsabilidad de los participantes en el financiamiento y producción del documental El populismo en América Latina (realizado por la empresa Piña Digital S. de RL de Cv, cuyo accionista mayoritario es Javier García Mata, quien fue el productor de la obra) y que esto se trató de un delito de tipo electoral podrían alcanzar hasta 15 años de prisión y sanciones para una persona física y cuatro personas morales (empresas).
“Nosotros consideramos a partir de la información recibida en la UIF que pueden existir conductas delictivas en matera electoral relacionada con el documental El populismo en América Latina, un documental que se presenta durante el proceso electoral 2017 y 2018, violando las características de la normatividad electoral.
“Sobre este caso la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió una resolución en la cual se señaló que el Instituto Nacional Electoral tendría que hacer una investigación respecto del origen de los recursos para la creación de este promocional y si ello violaba las características constitucionales de la propaganda”, dijo Santiago Nieto.
https://twitter.com/RuidoEnLaRed/status/1106624448415838208
El titular de la UIF rechazó haber violado la ley en cuanto la presunción de inocencia al haber dado a conocer los nombres de las empresas involucradas en el financiamiento para la producción del documental cuestionado.
“A partir de este momento se acaba de presentar la denuncia e iniciaría en todo caso el proceso penal en el momento en que se inicia la carpeta de investigación y en ese momento se constituye el deber de sigilo de los datos de la carpeta de investigación.
“Se debe señalar que lo que la hace la UIF es recibir, analizar y desanimar información ante las autoridades competentes que pueden ser de cualquier tipo, y es una instancia muy similar a la Auditoría Superior de la Federación cuando presenta sus informes, ya que cuando se presentan los informes de algún tipo de irregularidad que se ha cometido en términos administrativos se hace del conocimiento público”, resaltó Nieto Castillo.
