Un par de legisladores del Movimiento Ciudadano se quejan de que la Cámara de Diputados se convirtió en una oficialía de partes del Pacto por México, un sitio donde las iniciativas llegan sólo para ser aprobadas sin análisis, sin discusión. Así ocurrió con la iniciativa de reforma en el área de telecomunicaciones, que pasó por la Comisión de Puntos Constitucionales sin ser debatida. “¿Para qué discutir lo que se llevará al pleno?”, se preguntan los diputados perredistas a cargo de esa instancia.
Por Jesusa Cervantes/ Proceso
“¿Para qué reeditar, para qué duplicar la discusión en la Comisión de Puntos Constitucionales si finalmente se traen al pleno?”, dijo a los reporteros Julio César Moreno Rivera, diputado federal perredista y presidente de esa instancia, la encargada de estudiar y dictaminar toda propuesta de modificación a la Constitución.
Su compañero de partido y de comisión, Fernando Zárate Salgado, lo secundó y dijo con desenfado: “¿Para qué reeditar y aburrirnos hasta el cansancio de discutir diversos temas que son absolutamente accesorios a la reforma principal?”.
Ambos –integrantes de la corriente Nueva Izquierda, Los Chuchos– se refieren a la rápida “discusión” con que la Cámara de Diputados y en especial la Comisión de Puntos Constitucionales avalaron las reformas a la Ley Telecomunicaciones, una iniciativa elaborada muy lejos del Palacio Legislativo y muy cerca de las dirigencias nacionales de PRI, PAN y PRD.
La propuesta de dictamen enviada por el Ejecutivo Federal la tarde del lunes 11 a la Cámara de Diputados surgió del Pacto por México, en el que participan los tres partidos mayoritarios; sin discusión fue respaldada al siguiente día con 340 firmas de diputados federales quienes en su mayoría desconocían los alcances e implicaciones de esa ley para la vida del país.
Tres días después, la noche del jueves 14, en sólo una hora de sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales la nueva Ley de Telecomunicaciones se aprobó con 29 votos a favor y uno en contra.
Los firmantes del Pacto, PRI, PAN y PRD, decidieron no poner a discusión sus reservas y crear un órgano paralelo a la Comisión de Puntos Constitucionales, “una mesa de discusión” donde negociar este fin de semana posibles cambios a la Ley de Telecomunicaciones.
Fuentes del PRI detallaron que las modificaciones serán establecer un candado de “reciprocidad” al que se obliguen los países que pretendan invertir en la televisión abierta y en radiodifusoras. El PAN condiciona este punto a la aceptación de otros.
Un aspecto más que podría modificarse es la manera de elegir a los integrantes de los dos órganos que se crearán para regular las telecomunicaciones.
El súbdito
El único partido que no aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales los cambios en la materia fue Movimiento Ciudadano.
Ricardo Mejía Berdeja, legislador de ese partido, se abstuvo de votar en protesta por las formas que ha asumido el Congreso de la Unión, que abdicó de su obligación y derecho a debatir cualquier cambio a las leyes.
En la sesión el diputado reclamó a sus compañeros que la propuesta de ley se confeccionara en el Pacto por México dejando al Poder Legislativo “el triste papel” de súbdito, “un apéndice del Ejecutivo federal”.
En entrevista con este semanario, Mejía Berdeja sostiene que el Pacto por México “se ha constituido en un suprapoder con facultades metaconstitucionales que únicamente remite iniciativas al Congreso. La Cámara se ha convertido en un apéndice del Ejecutivo, en una oficialía de partes”.
El diputado califica de grave “el entreguismo” con el que algunos diputados se han comportado y recuerda: “El día que llegó la iniciativa vimos la inauguración de la cargada legislativa; el entreguismo con que más de 340 diputados se formaron para respaldarla. ¡Y ni siquiera habían leído el documento!”
El Pacto ha adormecido el espíritu crítico de muchos opositores y es lamentable, dice el legislador cuando se le pregunta por el papel que ha jugado el PRD en la Cámara de Diputados.
“El Pacto es un supremo poder conservador que cuenta con toda la infraestructura y recursos públicos para ir maquilando proyectos. Quien debe hacer las leyes es el Congreso de la Unión pero ahora sólo se le remiten para su aprobación. Se está cancelando al Poder Legislativo”.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1898, ya en circulación)
