La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pretende cebarse en algunos de sus efectivos para pagar culpas por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército durante la “guerra al narcotráfico” en el sexenio de Felipe Calderón.
Por Jorge Carrasco Araizaga/ Proceso
Ni la Sedena ni la Procuraduría General de la República (PGR), ni la justicia federal están interesadas en determinar hasta dónde llegan las responsabilidades en la detención, tortura y desaparición de tres presuntos narcotraficantes en Ojinaga, Chihuahua, en 2008, a manos del “pelotón de la muerte”, que actuó durante el Operativo Chihuahua ordenado por el ex presidente.
La justicia federal se opone a que Calderón sea citado; la Sedena, a que comparezcan su ex titular, el general Guillermo Galván, y otros mandos, y la PGR, de la mano de la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM), ha obstruido a la defensa de los inculpados.
Uno de los acusados es el teniente coronel de infantería José Julián Juárez Ramírez, comandante de la Tercera Compañía de Infantería No Encuadrada (CINE), con sede en Ojinaga, en la que operó el “pelotón de la muerte”, bautizado así por la propia justicia militar.
La justicia castrense pretendió involucrarlo en esos delitos de lesa humanidad, pero ante la falta de pruebas le enderezó acusaciones por posesión de mariguana, acopio de armas y robo agravado dentro del mismo caso. Con 29 años de servicio en el Ejército hasta su detención en septiembre de 2009 y egresado de cursos de instrucción militar en Estados Unidos, México y Chile, Juárez Ramírez está bajo proceso penal en la prisión militar de Mazatlán, Sinaloa.
Su defensa se complicó cuando decidió citar a Calderón, Galván y otros generales de división. Su argumento: que a finales de 2008 fue testigo de una reunión de generales en la que Galván mandó actuar con mano dura contra los narcotraficantes por órdenes de Calderón, entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
La instrucción del Alto Mando del Ejército fue “innovar los métodos de trabajo contra los narcotraficantes”. Sin más precisión, el cumplimiento fue a discreción de los jefes militares y comandantes. El resultado, en Chihuahua, fue “el pelotón de la muerte”, al que se le atribuye la tortura, muerte e inhumación clandestina de los restos de los presuntos narcotraficantes Esaú Samaniego Rey, ‘El Cholo’ o ‘El Azteca’; Heriberto Rojas Lemus, ‘El Michoacano’; y Erick Campos Valenzuela, ‘El Campitos’ (Proceso 1889 y 1914).
Las órdenes, incuestionables
El defensor del teniente coronel, Víctor Alonso Tadeo Solano, asegura en entrevista que, pese a ser imprecisa, la instrucción a los jefes militares fue dar resultados. “Esa fue la orden que transmitió Galván y que atribuyó a Calderón”.
Es la misma razón que da uno de los principales acusados de haber formado parte del “pelotón de la muerte”, el mayor de infantería Alejandro Rodas Cobón. En sus declaraciones ministeriales, además de reclamar inocencia, ha insistido en que las actuaciones del Ejército en Chihuahua en el sexenio pasado fueron conforme a las órdenes salidas de Los Pinos y de la Sedena.
En una audiencia que tuvo lugar el 8 de agosto pasado, Rodas Cobón, segundo comandante de la CINE, declaró: “Todas las órdenes que se recibían deberían ser cumplidas (pues) venían directamente del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas (Calderón)”.
Añadió: “Cuando se me da una orden y estoy consciente y tengo conocimiento de que es ilegal, no estoy obligado a cumplirla; sin embargo, cuando las órdenes vienen desde el Mando Supremo en ninguno de los casos es cuestionada”.
Para esclarecer ese señalamiento, el litigante solicitó al juez segundo de Distrito en Chihuahua, Juan Carlos Zamora Tejeda, la comparecencia en calidad de testigo de Felipe Calderón Hinojosa, como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas que fue entre 2006 y 2012.
El juzgador se negó a citar al expresidente. Argumentó que los delitos imputados a Juárez Ramírez no se corresponden con las órdenes que Calderón dio para combatir al narcotráfico y que no hay pruebas de su participación en los hechos que se le atribuyen al acusado, por lo que no consideró “pertinente” citar al ex funcionario como testigo.
El abogado se inconformó con esa decisión, pero en una rápida resolución, adoptada el 31 de octubre pasado, a un mes de haber interpuesto el recurso de inconformidad, el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Séptimo Distrito, con sede en la ciudad de Chihuahua, ratificó la negativa del juez Zamora Tejeda a citar a Calderón.
“Tal determinación se considera acertada si se toma en cuenta que el oferente de la prueba no explicó de qué manera la testimonial de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa puede dar luz sobre los hechos” o conducir a resultados concretos respecto a los ilícitos que se le imputan, estableció el Tribunal Unitario en el toca penal 258/2013-IV.
Según el nuevo fallo, la decisión de la justicia federal de no citar a Calderón no le causa ningún agravio ni deja en indefensión a Juárez Ramírez, quien ha solicitado la comparecencia del ex presidente para que declare respecto a las órdenes que dio al titular de la Sedena durante su sexenio, el general Guillermo Galván, quien se encuentra en retiro, respecto a la manera en que se debía tratar a los narcotraficantes.
El abogado sostiene que el teniente coronel participó en una reunión de Galván con jefes militares responsables del Operativo Chihuahua, en la que transmitió las órdenes de Calderón. El encuentro castrense tuvo lugar en septiembre u octubre de 2008 en la base área militar de Chihuahua.
Para comprobar ese dicho, el litigante también ha pedido el testimonio de otros de los generales participantes en esa reunión: empezando por el entonces comandante de la XI Región Militar, con sede en Torreón, Coahuila, el general de división Marco Antonio González Barrera.
También ha pedido la presencia de quien en ese momento era el jefe de la Quinta Zona Militar con sede en la ciudad de Chihuahua, pero con mando en todo el estado, el general de división Felipe de Jesús Espitia Hernández. Además, del jefe de la guarnición militar de Ojinaga, el general Manuel de Jesús Moreno Aviña, quien también está bajo proceso penal por los hechos atribuidos al “pelotón de la muerte”.
Antes de que el caso trascendiera en la opinión pública, la PGJM entregó a la Policía Judicial Militar (PJM) “un anónimo” que daba cuenta de la existencia del pelotón. Desplegó a Chihuahua un grupo de agentes e investigadores judiciales militares que entre agosto y septiembre de 2009 tomaron las instalaciones de la CINE.
La ausencia del general Galván
Acuartelado todo el personal, en primer lugar su comandante, el teniente coronel Juárez Ramírez, la PJM interrogó y ordenó la detención de 31 efectivos. Los detenidos aseguran que fueron torturados para culparse unos a otros e involucrar al teniente de la CINE y al comandante de la Guarnición.
Los inculpados se han desistido de su primera declaración ante la justicia militar no sólo por haber carecido de abogado, sino porque no hubo órdenes judiciales en su contra, pero sobre todo porque alegan haber sido torturados. Pero la Sedena, de la mano de la PGR y de la justicia federal, ha puesto todo tipo de trabas para confrontar la investigación judicial con que sostiene sus acusaciones.
La Sedena se ha negado a que los mandos del Operativo Chihuahua declaren ante la justicia. En el juicio contra el teniente coronel Juárez Ramírez, el general Galván ha sido citado en cinco ocasiones y en ninguna ha asistido, contrario a las disposiciones legales que facultan a un juez para que a la tercera ocasión presente a un testigo con el apoyo de la fuerza pública.
Para una de las audiencias, programada el 17 de octubre de pasado, el actual secretario de la Defensa Nacional, el general de división Salvador Cienfuegos Zepeda, acordó pedirle al juez segundo de Distrito que la audiencia fuera por videoconferencia.
Días antes, el titular de la PGJM, el general de brigada Jesús Gabriel López Benítez, le dijo al juez que Galván no podía comparecer en Chihuahua porque en su calidad de asesor del secretario, el ex titular de la Sedena tiene que estar en México para “atender todos aquellos asuntos” relacionados con la defensa de la nación, la seguridad interior y el auxilio a la población civil”, entre otros.
El paso de los huracanes Ingrid y Manuel en la segunda semana de septiembre pasado, fueron la excusa: “Tal relevancia de las actividades que desarrolla el general Galván Galván son las actuales circunstancias de desgracia que pasa el país por las inundaciones ocurridas en gran parte del territorio, donde el militar requerido está prestando vital asesoría a la nueva administración para el manejo y despliegue del personal del Ejército y Fuerza Aérea Nacionales”.
Según el procurador militar, era “indispensable” la estancia de Galván en la Ciudad de México o en el lugar que se le requiera, razón “que impide su presentación ante esa autoridad judicial”, por lo que pidió que su testimonio se realice por vía de exhorto a un tribunal de la Ciudad de México o por videoconferencia. Pero hasta ahora nada ha ocurrido, con el consentimiento del juez.
Solapamiento castrense
La Sedena ha seguido la misma estrategia con los otros oficiales de alto rango requeridos. El 11 de octubre le envío un escrito al juez segundo de distrito de Chihuahua para decirle que los generales Marco Antonio González Barreda y Felipe de Jesús Espitia por sus nuevas funciones en la secretaría no pueden separarse de sus cargos en la Ciudad de México.
González Barreda, quien al momento de los hechos era el comandante de la XI región con sede en Torreón y que abarca a Coahuila y Chihuahua, es ahora director general del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM). Después de su responsabilidad en el Operativo Chihuahua, terminó el sexenio de Calderón como inspector y contralor general del Ejército.
El general es “un alto funcionario de esta secretaría” que se dedica “de forma permanente” a hacer “análisis y proyectos de Seguridad Social, lo cual implica necesariamente su permanencia en la Ciudad de México”.
El general Espitia Hernández, el responsable directo del operativo como comandante de la 5ª Zona Militar con sede en Chihuahua, es ahora coordinador de asesores del ISSFAM. Su tarea es la de “asegurar el desahogo de los asuntos atendidos directamente por el director general, que por su importancia requieren atención “urgente y extraordinaria”, por lo que siempre tiene que estar disponible en la capital del país; además de que participa “en forma directa y activa en los planes de Desastre Nacional, activando ayudas a la población civil”.
La institución castrense le dijo al juez que ambos generales “desempeñan cargos públicos de alto mando”, categoría que de acuerdo a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea sólo corresponde al titular de la Sedena. Según esa norma, es el único al que se le puede nombrar alto mando.
La protección de la dependencia no es únicamente hacia los generales. La PGJM, también con el beneplácito del juez segundo de Distrito en Chihuahua, ha obstaculizado la presentación de los encargados de la detención y responsables de alegada tortura de los militares inculpados, los agentes y mandos de la justicia militar que se trasladaron desde la Ciudad de México.
El 16 de julio pasado, la Sedena le dijo al juez Zamora Tejeda que el responsable de las detenciones e interrogatorios, el entonces coronel y ahora general brigadier David Enrique Velarde Sigüenza, director de la PJM, “actualmente se encuentra desempeñando actividades propias del servicio en la Plaza de México, Distrito Federal, por lo que se requiere su presencia permanente en esa plaza”.
Ese mismo día, dijo que otro de los que participaron en la detención, el mayor de infantería Nicolás Alonso Pacheco, causó baja del Ejército y ya no está al alcance de la secretaría.
La justicia militar dilató tanto como pudo los careos y ampliación de declaraciones del mayor de infantería Carlos Alberto Rivera Medeles, quien fue el encargado de las investigaciones en la CINE.
A pesar de que la Sedena pedía que declarara vía exhorto, Rivera Medeles tuvo que presentarse ante el juez apenas el martes 5. En su deposición, dijo que el acuartelamiento fue ordenado por el ex secretario Galván y que la investigación comenzó por un anónimo. Aunque admitió que los inculpados declararon sin abogado, negó que hubieran sido torturados.
Por otras vías, la Sedena también ha obstruido la defensa. La PGJM, a cargo del general brigadier Jesús Gabriel López Benítez, emitió el mensaje CEI (correo electrónico de imagen) número 70262 para que todos los militares de bajo rango que sean llamados como testigos para el caso, antes de comparecer en Chihuahua, se presenten primero ante la justicia militar.
Asimismo, ha contado con la ayuda del juez Zamora Tejeda, quien programó hasta enero y febrero de 2014 la ampliación de declaraciones y careo de los policías militares Roberto Germán Barrera Bermejo y Román Rodríguez Morales, quienes participaron en la detención.
La delegación de la PGR en Chihuahua también ha puesto obstáculos para el deslinde de responsabilidades. El 15 de julio pasado le pidió al juez que los careos y testimonios de cualquier elemento de la Sedena que haya tenido que ver con la detención de los acusados se hagan vía exhorto ante un juez en la Ciudad de México “a efecto de evitar que se trasladen al Estado (sic) y se ponga en riesgo la seguridad de los elementos castrenses”.
Peor aún, ha impugnado algunas de las pruebas ofrecidas por la defensa del teniente coronel Juárez Ramírez. El 23 de agosto se dijo agraviada de que el juez hubiera aceptado el testimonio de los cabos de infantería Manuel Juárez Rodríguez y Francisco Lima Reyes, quienes presenciaron la detención del teniente coronel.
Solicitados por el jefe militar detenido, ambos ya fueron autorizados a declarar como testigos, luego de varios meses de litigio que tuvo que seguir el abogado Tadeo Solano. Incluso, el agente del Ministerio Público federal asignado al caso ha faltado a diligencias que tendrían lugar al interior de la Tercera CINE.
Fuente: Proceso
