El empresario colombiano Alex Saab, a quien Estados Unidos señala como presunto testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro, compareció el lunes por primera vez ante un tribunal federal de Miami para ser notificado formalmente de ocho acusaciones de lavado por varios cientos de millones de dólares presuntamente provenientes de negocios corruptos con Caracas, reporta la agencia AP.
En una breve audiencia por Zoom, el magistrado John O’Sullivan dijo que Saab permanecerá detenido por ahora y fijó una nueva audiencia judicial para el 1 de noviembre. El procedimiento tuvo lugar dos días después de la extradición de Saab desde Cabo Verde, que tensó aún más las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos.
Saab participó desde la prisión federal donde está detenido. Llevaba el cabello oscuro y largo hasta el cuello, camisola y pantalones de presidiario anaranjados y el rostro cubierto por una mascarilla color celeste.
Después de identificarse con nombre y apellido a través de una intérprete que le traducía al español por vía telefónica, Saab dijo que había elegido a Henry Bell para que lo representara como abogado. Sus palabras no fueron escuchadas en la audiencia, en la que sólo habló por él la traductora. Saab permanecía solo, sentado detrás de una mesa.
Después de ser extraditado el sábado, el gobierno de Maduro anunció que suspendía su participación en el proceso de diálogo con la oposición, avalado por Estados Unidos y que ocurría en la capital de México. Las conversaciones debían reanudarse el domingo y el gobierno venezolano había pedido que Saab fuera incorporado a la mesa de diálogo como uno de sus diplomáticos.
La oposición pidió la víspera que las conversaciones se reanuden.
Poco después de que trascendió la extradición, seis ejecutivos petroleros estadounidenses que permanecían bajo arresto domiciliario desde abril fueron regresados a la sede de la policía política en Caracas, donde habían permanecido detenidos tras su arresto en 2017.
La fiscalía acusa a Saab de amasar una fortuna a través de negocios corruptos realizados a nombre del gobierno de Maduro.
De acuerdo con los cargos, desde aproximadamente noviembre de 2011 y hasta por lo menos septiembre de 2015. Saab y otro colombiano se asociaron ilícitamente con otras personas para lavar dinero obtenido a través de negocios corruptos, que estaba depositado en bancos de Venezuela y en cuentas bancarias estadounidenses.
Las acusaciones, que fueron presentadas en los tribunales estadounidenses en julio de 2019, señalan que ambos obtuvieron un contrato con el gobierno venezolano en noviembre de 2011 para construir viviendas económicas y aprovecharon la tasa de cambio favorable del dólar para entregar documentos de importación de materiales que nunca llegaron a Venezuela. Para que esas transacciones fueran aprobadas, presuntamente sobornaron a funcionarios venezolanos, según los cargos de la fiscalía estadounidense.
El gobierno estadounidense alega que algunas reuniones sobre los pagos de los sobornos ocurrieron en Miami y que Saab y otro colombiano transfirieron dinero a cuentas bancarias del sur de Florida. A raíz de esos negocios fraudulentos, ambos transfirieron unos 350 millones de dólares de Venezuela a cuentas que controlaban o tenían en el extranjero. Al menos una parte de ese dinero pasó por Estados Unidos, según los fiscales.
Saab, de 49 años, permaneció 16 meses bajo arresto en Cabo Verde, donde fue detenido en junio de 2020.
En una carta que leyó su esposa tras ser extraditado, Saab expresó que no ha cometido ningún delito y que no tiene nada que colaborar con Washington.
En la audiencia, el fiscal Kurt Lunkenheimer pidió que Saab permanezca detenido, alegando que si quedara en libertad existiría el riesgo de que se fugue.
Bell, el abogado de Saab, dijo que no había tenido tiempo de dialogar aún con su cliente y pidió al juez que le solicite al departamento de Justicia facilitar una comunicación “lo antes posible”.
El juez le explicó a Saab que tenía derecho a un abogado y que sus declaraciones serían bajo juramento. Agregó que más adelante se podría analizar en una audiencia si puede salir o no bajo fianza, algo que por ahora su abogado no solicitó.
Fuente: AP
