El juez de control Ganther Alejandro Villar Ceballos resolvió que en el caso de la ex secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, no ha prescrito el delito que se le imputó de ejercicio indebido del servicio público. Tras la resolución, la defensa de la ex funcionaria anunció que interpondrá un nuevo amparo, por lo que el caso podría llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y con ello se impidió que se inicie la etapa de juicio oral.
En una audiencia de más de tres horas, el juez Villar Ceballos, dio sus argumentos para justificar que la acusación contra la también ex secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), se encuentra vigente y por lo tanto debe continuarse con el proceso penal.
El juzgador señaló que en el juicio que se sigue a Robles Berlanga ya se excedieron los dos años de prisión preventiva que prevé la Constitución para los procesos penales que se desahogan en el nuevo sistema de justicia penal, y advirtió a la ex funcionaria y su defensa que este atraso no ha sido por cuestiones que pudieran atribuirse al Ministerio Público o dilaciones en el Poder Judicial, sino debido a los recursos que ha presentado la defensa para que no se proceda a la apertura del juicio oral.
Durante la audiencia se informó que dado que con esta audiencia ya se habían atendido las resoluciones judiciales con las cuales se buscó combatir tanto el cambio de medidas cautelares (es decir que pudiera enfrentar su juicio en libertad), como la vigencia del delito que se le imputa a Robles, se procedería a declarar abierta la etapa de juicio oral, y con ello se cerraría toda posibilidad de llegar a un criterio de oportunidad con la Fiscalía General de la República (FGR), o a que se lleve a cabo un proceso abreviado en el que ella pudiera declarse culpable obteniendo el beneficio de una sentencia menor.
Robles Berlanga permanecerá encarcelada en Santa Martha Acatitla, y mientras no se resuelva el nuevo recurso de amparo que anunció su defensa que presentará en los próximos días, y que llegará a la Corte, no se procederá a la siguiente etapa en su proceso penal en el que se le imputa haber provocado por sus omisiones como funcionaria pública, un daño al erario por más de cinco mil millones de pesos.
Fuente: La Jornada
