Los colaboradores más cercanos de Rosario Robles, con quienes trabaja desde su primer día del actual sexenio –sobre todo Emilio Zebadúa, su oficial mayor de confianza en la Sedesol y en la Sedatu–, operaron esquemas de desvío de millonarios recursos del erario, disfrazados de contratos con empresas fantasmas; era dinero que acababa en cuentas bancarias en el extranjero
Mathieu Tourliere /Proceso
Aunque lo negó repetidamente y denunció una campaña mediática en su contra, Rosario Robles Berlanga sí encabezó estructuras de desvío de dinero que involucraron a centenares de empresas fantasma durante sus primeros cuatro años de gestión en la administración de Enrique Peña Nieto.
El monto triangulado rebasa los 5 mil 251 millones 567 mil pesos, de acuerdo con un análisis exhaustivo de 26 auditorías que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) publicó entre 2015 y el pasado martes 20.
“Si alguien abusó de la confianza mía en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que pague; pero que sea con nombre y apellido”, clamó la funcionaria el pasado miércoles 21.
Sin embargo, fue el equipo de colaboradores más cercanos de Robles, con los que trabaja desde su primer día en el actual sexenio, el que diseñó y operó los esquemas fraudulentos, y lo hizo desde las propias oficinas de la Sedesol y la Sedatu. En este equipo destacan los funcionarios de la Oficialía Mayor –a cargo, en ambas dependencias, de Emilio Zebadúa González–, así como los coordinadores de delegación o el área de comunicación social.
Sólo en los primeros 16 meses de la funcionaria en la Sedatu se desviaron mil 747 millones de pesos, y Robles no pudo ignorarlo: este dinero formó parte de los 3 mil 855 millones de pesos que la dependencia sacó del presupuesto destinado al Programa de Infraestructura, cuyo objetivo consiste en proveer de infraestructura básica a la población más pobre del país.
Ello generó reclamos en la propia Sedatu, ya que las delegaciones estatales no pudieron pagar a los proveedores y contratistas por las obras realizadas. Esto incluso podría derivar en demandas por falta de pago, según advirtió un oficio administrativo fechado en enero de 2017, que mencionó la ASF en su auditoría 1835-DE.
(Fragmento del reportaje que se publica en la edición número 2156 de la revista Proceso, ya en circulación)
