Virginia pudiera permitir la ejecución de condenados a muerte en la silla eléctrica, según una propuesta de ley aprobada el lunes por el Senado estatal en respuesta a la escasez nacional de fármacos para inyecciones letales.
El gobernador de Virginia, el demócrata Terry McAuliffe, no ha dicho si promulgará la iniciativa de ley, que causó un acalorado debate en la asamblea general. La medida fue aprobada por 22-17 en el Senado, lo que significa que no tiene suficiente apoyo para sobrevivir a un eventual veto del gobernador.
Al igual que otros estados, Virginia está pasando apuros para conseguir los fármacos aprobados para inyecciones letales debido a que las compañías que las producen protestan por su uso en ejecuciones. Ante la escasez, varios estados han aprobado o debatido leyes para revivir otros métodos de ejecución, como la electrocución y los fusilamientos.
Partidarios de la medida en Virginia dicen que los enemigos de la pena de muerte están dejándoles sin otra alternativa al dificultarle obtener las drogas de las inyecciones letales. Pero oponentes dicen que imponer a los condenados la silla eléctrica de hecho minará la pena de muerte en el estado al poner en riesgo la constitucionalidad de la ley.
“Si aprietas el botón vas a enviarnos a una tormenta de caos legal”, dijo el senador demócrata Scott Surovell, firme oponente de la pena de muerte. “Cuando alguien es sentenciado a muerte, el estado está encargado simplemente de extinguir una vida humana, no de torturar a alguien brutalmente hasta que finalmente muera”.
El líder demócrata del senado, Dick Saslaw, replicó que cuando criminales asesinan a varias personas, no merecen ser tratados humanamente.
“Cuando tú cometes actos así, en lo que a mí respecta, renuncias a tu derecho a decir que quieres morir humanamente”, dijo Saslaw.
Virginia es uno de apenas ocho estados que siguen permitiendo electrocuciones, pero actualmente da a los reclusos la opción de inyección letal o silla eléctrica. Si el recluso declina tomar una decisión, recibe la inyección letal. La ley propuesta permitiría al estado forzar el uso de la silla eléctrica si no hay fármacos disponibles para la inyección.
Fuente: AP
