La Comisión Interamericana de Derechos Humanos admite revisar la actuación de las autoridades mexicana en la investigación tres primos desaparecidos en Chihuahua en 2009
Por Patricia Mayorga
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó revisar la actuación de las autoridades mexicanas en torno de la investigación y búsqueda de los primos Rocío Irene Alvarado Reyes, Nitzia Paola Alvarado Espinoza y José Ángel Alvarado Herrera, desaparecidos en 2009 en el municipio de Buenaventura, en el marco del Operativo Conjunto Chihuahua.
El 26 de mayo de 2010, el organismo demandó al Estado mexicano adoptar las medidas necesarias para determinar el paradero de los tres jóvenes, así como para proteger su libertad e integridad personales y su vida.
Poco después, durante la audiencia realizada el 28 de junio de 2011, otorgó medidas cautelares para la familia de los desaparecidos y su representante legal, luego de que éstos denunciaron amenazas en su contra.
La familia también interpuso quejas ante las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, así como en las oficinas del Operativo Conjunto Chihuahua en Ciudad Juárez por la actuación de los militares.
Al respecto, el área internacional del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), organización que lleva el caso de la familia, indicó que en casi cuatro años las autoridades sólo han realizado tres diligencias de búsqueda.
De acuerdo con las abogadas del Cedehm, la CIDH analizará qué derechos se violaron con la actuación de las autoridades, y establecerá si cuentan con los mecanismos y la voluntad necesaria para llevar a cabo las diligencias, aunque no analizará los resultados del caso en cuanto a las investigaciones.
María de Jesús Alvarado Espinoza, hermana de Nitzia, manifestó su beneplácito por la decisión de la CIDH, ya que la familia, dijo, ha perseverado en la búsqueda e investigación, “pese a la apatía y sordera de las autoridades de todos los niveles”.
Indicó que durante una reunión de familiares de desaparecidos con autoridades de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, el delegado de la dependencia federal, César Augusto Peniche Espejel, admitió que en días pasados tomaron la declaración de algunos militares, pero ni la familia ni el Cedehm han sido notificados al respecto.
María de Jesús mencionó que su familia tuvo que huir del estado por un tiempo, debido a las amenazas recibidas, y exigió a las autoridades que cumplan con su trabajo para dar con el paradero de su hermana y sus dos primos. Sobre los responsables, aseguró que “están plenamente identificados”.
El 29 de diciembre de 2009, dos de los primos fueron levantados en un retén militar y el tercero en su casa, frente a su familia, en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, localizado al noroeste de Chihuahua.
Los tres eran empleados de empresas maquiladoras en Juárez y fueron desaparecidos el mismo día que llegaron a visitar a sus parientes por las fiestas de fin de año. Desde aquel día la familia Alvarado comenzó a sufrir hostigamientos y amenazas.
Luego de que la Sedena aceptó que elementos a su cargo participaron en la desaparición de los primos Rocío Irene, Nitza Paola y José Ángel Alvarado Herrera, el 29 de diciembre de 2009, admitió que se juzgara a los implicados fuera de la Procuraduría Militar, por lo que entregó el expediente de 14 tomos a la PGR en Ciudad Juárez.
En octubre del año pasado, Emilia González, miembro fundador de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, señaló que existen elementos para probar la culpabilidad del jefe militar Élfego Luján, quien se encuentra detenido por otras causas, pero no se le han fincado responsabilidades por la desaparición forzada de los tres jóvenes Alvarado.
Añadió que en los 14 tomos del expediente se acusa a Élfego Luján de participar en ejecuciones extrajudiciales, pero el Ministerio Público Federal se ha negado a consignar el caso ante un juez de distrito para que se gire orden de aprehensión al militar.
La familia de las víctimas ignora el paradero de las dos mujeres y el varón. Dos meses después de su desaparición, una de ellas logró hablar por teléfono con sus parientes y dijo que estaba detenida en un campo militar, pero alguien le arrebató el aparato.
Días después del levantón, familiares acudieron a las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones de Chihuahua, en Nuevo Casas Grandes, en cuyo patio se encontraba la camioneta en la que viajaban los tres primos cuando fueron secuestrados.
A la fecha no se ha avanzado en la indagatoria, y no se sabe nada de los desaparecidos.
Fuente: Apro
