Los abogados de Elba Ester Gordillo analizan la estrategia que seguirán para continuar la defensa de la lideresa magisterial y atacar las resolución del auto de formal prisión en su contra y de sus coacusados. El dilema es si se interpone una apelación o bien de plano se ejerce el recurso del amparo.
El Juez 6 de Distrito en procesos penales federales, Alejandro Caballero Vértiz, dictó auto de formal prisión contra Gordillo Morales por los delitos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita.
El abogado defensor, José Rigoberto González, señaló en entrevista que platicarán con la familia de Elba Esther Gordillo, para conocer su opinión acerca de la ruta legal que seguirán para obtener su libertad, luego de que fue detenida el 27 de febrero pasado.
Este lunes, el juez de la causa decretó auto de formal prisión contra Isaías Gallardo Chávez, José Manuel Díaz Flores, Nora Guadalupe Ugarte Ramírez y Elba Esther Gordillo Morales como probables responsables de la comisión de los delitos referidos.
La defensa analizará si presenta un amparo ante un juzgado federal contra el auto de formal prisión o si interpone la apelación contra la resolución del auto de formal prisión que dictó el juez de la causa.
En el caso de la apelación, el recurso tendría que presentarse ante el mismo juzgado, para que éste lo remitiera a un tribunal de alzada, para lo cual, la defensa cuenta con un plazo de 72 horas a partir de la notificación del auto de formal prisión.
Los delitos por los que se inició el juicio son violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, previsto y sancionado en el artículo 2, fracción I, en relación con el diverso 4, fracción II, inciso a, en el caso de Elba Esther Gordillo y, los restantes, en el inciso b) del mismo ordenamiento legal.
Además, el auto de formal prisión fue dictado por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto y sancionado en el Artículo 400 Bis del Código Penal Federal.
Según la valoración del juez, los elementos presentados fueron suficientes, hasta ese momento procesal, para acreditar que los acusados transfirieron dinero de diversas cuentas bancarias a nombre del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) a cuentas propias, en el periodo de 2009 a 2012.
Fuente: Notimex
