La justicia Penal de Uruguay rechazó el pedido de hábeas corpus del dirigente y diputado de la alianza derechista Cambiemos en el Parlamento del Mercado Común del Sur (Parlasur) Fabián Rodríguez Simón, quien intentó pedir “asilo político” en el país vecino al argumentar que podría ser detenido arbitrariamente en Argentina, sólo por haber sido citado a indagatoria por un juzgado.
Rodríguez Simón, uno de los abogados del ex presidente Mauricio Macri, fue citado a declarar por la justicia argentina, que investiga su responsabilidad en el armado de la llamada Mesa Judicial de jueces que participaron judicializando a la política cuando, junto a la cúpula del pasado gobierno, los medios de comunicación y grupos de inteligencia participaron en la persecución y el encarcelamiento ilegal de empresarios, y ex funcionarios de la administración de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, también víctima de esa situación.
Citado por la juez María Servini de Cubría y el fiscal Guillermo Marijuan -quienes no tienen relación con el gobierno actual- a declarar por una denuncia que presentó el empresario Fabián de Souza cuando aún estaba detenido antes de ser liberado en octubre de 2019, acusando a Macri de encabezar una asociación ilícita que decidió apoderarse de sus bienes y, ante su resistencia, actuó en complicidad con la justicia para encarcelarlo.
Ahora la fiscalía ordenó la recopilación de pruebas y testimonios y pidió que se investiguen las llamadas telefónicas de Rodríguez Simón. Tanto De Souza como su socio Cristóbal López, dueños de varias empresas y del Grupo Indalo de medios de comunicación incluido el canal C5N, que quería comprar Macri, fueron sometidos a una feroz persecución política ante la negativa de unirse a la campaña para llevar a la cárcel a Fernández de Kirchner lo que les costó la pérdida de empresas y estar presos sin ninguna causa durante dos años.
Ambos empresarios fueron liberados por un fallo de los entonces camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah, que generó la reacción pública de Macri, quien dijo “eso no es lo que acordamos”, evidenciando la complicidad de ese gobierno con los jueces. Como castigo Farah fue trasladado a otro tribunal y Ballestero renunció cuando el entonces oficialismo pidió un juicio político en su contra.
Ante la citación a declarar, Rodríguez Simón decidió no presentarse cuando la investigación y hasta declaraciones del propio Macri, lo ubican como clave en la instalación del llamado Lawfare en Argentina. Servini de Cuibría lo declaró “en rebeldía” y ordenó su captura internacional en oficios enviados al Ministerio de Seguridad de la Nación y a la delegación local de Interpol para localizarlo e impedir su salida de ese país”. La justicia uruguaya ya dio su respuesta al rechazar su petición de asilo.
Fuente: La Jornada
