La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la constitucionalidad del régimen de consolidación fiscal (aprobado por el Congreso en el año 2009), lo que evitará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública devolver miles de millones de pesos, que grandes corporativos pretendían recibir vía deducción de impuestos, alegando que la norma fiscal era ilegítima.
Al negarle un amparo a la empresa Inland, fabricante de empaques de cartón, la cual pretendía evitar el pago de alrededor de siete mil millones de pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), los ministros establecieron el criterio jurídico de que el régimen de consolidación fiscal “no transgrede los principios de legalidad, seguridad jurídica, proporcionalidad y equidad tributaria.
De acuerdo con estimaciones, fueron más de 140 los corporativos que impugnaron la aplicación retroactiva de ese esquema fiscal que los obligó a pagar impuestos diferidos del año 2004 al 2009
Para dar una idea de los montos multimillonarios que pretendían deducir las empresas, en febrero de 2010, ICA emitió un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores para informar que ese año desembolsará por consolidación fiscal 676 millones de pesos y para los próximos cinco años su pago estimado suma 2 mil 703 millones de pesos. En su momento, Cemex señaló que el nuevo régimen tendría un impacto para sus finanzas de casi 800 millones de dólares.
Se estima que los grandes corporativos del país se beneficiaban de ese régimen fiscal que les permitía deducir impuestos con base en las empresas de su grupo económico que registraban pérdidas lo que les permitía deducir de impuestos las utilidades recibidas en sus empresas más rentables.
La segunda sala resolvió ayer el primer amparo de este tipo y con base en este criterio, la propia Corte sentará jurisprudencia para que los tribunales de circuito a su vez, nieguen los amparos solicitados.
