La derechohumanista mexicana muerta en 2001 habría sido víctima de violaciones al debido proceso y a su integridad personal por el Estado mexicano, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
El Estado mexicano habría incurrido en violaciones al debido proceso y a la integridad personal de la defensora de Derechos Humanos Digna Ochoa y Plácido, al poner en tela de juicio su estado mental, emocional e incluso sexual, razones por las que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió admitir para su análisis el caso de la abogada presuntamente asesinada en 2001.
Karla Micheel Salas, Miriam Pascual y David Peña, miembros de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), confirmaron que la CIDH aceptó el pasado 16 de julio el expediente de Digna Ochoa tras considerar como “insuficientes” las investigaciones de las autoridades capitalinas para esclarecer el supuesto crimen.
Los litigantes, quienes ante la falta de justicia en México llevaron el caso ante la CIDH –mecanismo de la Organización de Estados Americanos con sede en Washington–, acusaron a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) de no haber realizado una investigación efectiva y adecuada, y de fabricar pruebas y peritajes que derivaron en la conclusión de que la defensora de DH se había “suicidado”.
La abogada Miriam Pascual agregó que la PGJDF determinó que Digna “tenía tendencias suicidas” por dedicarse a una labor de alto riesgo como defensora humanitaria.
Karla Micheel advirtió la posibilidad de que la hipótesis del suicidio y la fabricación de peritajes se hayan manejado para proteger a los supuestos homicidas, o ante la incapacidad de las autoridades para resolver el caso.
Recordó que en un primer momento ya se había determinado el homicidio, y que al menos dos personas habían participado en los hechos.
Los defensores apuntaron que desde que el actual jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, era procurador capitalino “ha sido notorio el desvío de la investigación y manipulación de los peritajes”.
En enlace telefónico, Jesús Ochoa, hermano de Digna, resaltó que el objetivo de presentar el caso ante la CIDH es demostrar que efectivamente se trató de un homicidio, y adelantó que en caso de que así lo determine él divulgará públicamente el nombre y ubicación del supuesto responsable.
Los miembros de la ANAD afirmaron que además de enfocarse a la resolución del caso y a la reivindicación del trabajo e integridad personal de Digna, lo que se busca es acceso a la justicia para las y los defensores de DH que atraviesen por situaciones similares de impunidad.
“La intención de seguir con este caso a 12 años de distancia es demostrar que se lucha por la justicia y que aún existen muchos defensores en vulnerabilidad”, alertó David Peña.
Los abogados explicaron que la CIDH fijó como plazo el próximo 5 de diciembre para que los defensores de Digna y los representantes del Estado mexicano envíen sus respectivos argumentos, e informen de fondo sobre el caso para después determinar si se trato de homicidio o suicidio.
En 2011 organizaciones civiles y la familia de la defensora solicitaron a la CIDH que admitiera el caso, luego de que en julio de ese año la PGJDF, al mando entonces de Miguel Ángel Mancera, cerró el caso al concluir que Digna “se suicidó de tres disparos”.
La familia promovió un amparo para impugnar el fallo, pero fue negado por el Juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.
El 14 de marzo de este año se realizó una audiencia en Washington, donde se informó a la CIDH que desde 2001 el Estado mexicano incurrió en diversas anomalías y violaciones al debido proceso en prejuicio de Ochoa y Plácido.
La ANAD y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) criticaron en su momento que en 2004 la PGJDF manejó la hipótesis de que Ochoa fue asesinada por defender a grupos ambientalistas del estado de Guerrero, pero que “no investigó con seriedad” al respecto.
Se señaló como sospechoso a Rogaciano Alba Álvarez, ex dirigente de la Unión Ganadera Regional de Guerrero y preso actualmente por vínculos con el narcotráfico, pero las autoridades no profundizaron esa línea de investigación.
Fuente: CIMAC Noticias
