El juez español teme que Bélgica limite las imputaciones para todos los investigados del gobierno catalán exiliados en Bruselas, ya que los cargos de rebelión y sedición no son válidos en ese país.
En un giro inesperado, el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ordenó suspender las órdenes internacionales de búsqueda y captura que se habían girado contra el ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y los cuatro ex consejeros que se refugiaron con él en Bélgica, Antonio Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí.
La medida, a pesar de que en apariencia beneficiaría a los líderes independentistas, en realidad pretende evitar que en el caso de que la justicia belga decida entregarlos a las autoridades españoles se acoten los delitos que se les imputan, que son cuatro: rebelión, sedición, malversación de fondos públicos y cohecho.
Puigdemont salió de manera furtiva de Cataluña el último fin de semana de octubre y sólo un día después de que se declarara la independencia unilateral en el Parlamento catalán a propuesta de su gobierno. Desde entonces, tanto el ex mandatario como sus colaboradores han colaborado con la justicia belga en el procedimiento todavía abierto de la llamada “euro-orden”, con la que el Estado español solicitó de manera formal a Bélgica que les entregara a estas personas por los delitos señalados.
A partir de ahí empezó a funcionar la maquinaria de justicia belga, con sus tiempos y sus garantías, con lo que Puigdemont se aseguró que podría estar en Bruselas prácticamente el tiempo que durara el proceso, que se podría prolongar hasta los tres meses.
Puigdemont se garantizó así la posibilidad de hacer campaña electoral desde Bélgica, una vez que las únicas medidas cautelares mientras el juez decide su orden de entrega fueron no salir del país e informar el sitio donde se encuentra hospedado durante su estancia.
En los tribunales españoles se temía que la justicia belga decidiera finalmente entregar a Puigdemont, pero no por los cuatro delitos que se imputaban, sino únicamente por el de malversación, con lo que era impediría que la justicia española le pudiera juzgar por los otros presuntos delitos.
Y ahí radica la decisión del juez Llarena, que además decidió suspender las órdenes antes de que la justicia belga decidiera en primera instancia en una sesión prevista para el próximo 14 de diciembre.
El juez Llarena explica que, una vez que los investigados han mostrado su voluntad de volver a España para presentarse a las elecciones en Cataluña del 21 de diciembre, ya se puede dejar sin efecto la orden europea de detención.
Sin embargo, la orden de detención nacional se mantiene. Lo que significa que en cuanto Puigdemont y los otros ex consejeros pisen territorio español serán detenidos.Según el auto judicial dictado esta mañana por Llarena, se deben retirar las órdenes europeas porque está investigando un delito de naturaleza plurisubjetiva dotado de unidad jurídica inseparable, lo que requiere una única contestación para evitar respuestas contradictorias.
El juez recuerda que la orden europea de detención es un instrumento de colaboración judicial y que una vez emitida, el juez instructor puede ponderar en cualquier momento la conveniencia u oportunidad de su mantenimiento, teniendo en cuenta las circunstancias que le prestan soporte conforme con su derecho interno y los efectos que esa orden de detención pueda tener en el proceso penal que se esté tramitando, en este caso en el Estado español.
Fuente: La Jornada
