Ejidatarios de Tila adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona acusaron al presidente municipal Édgar Leopoldo Gómez Gutiérrez de reactivar “para su servicio” el grupo paramilitar Paz y Justicia, por la ambición de controlar a los habitantes de esa población chol.
En un comunicado, el presidente del comisariado y el consejo de vigilancia del ejido de Tila responsabilizaron a Mateo Rey, de la comunidad de Cruz Palenque; a Mateo Guzmán, de Agua Fría, y a Don Pascual, de El Limar, de incentivar las actividades del grupo armado.
A Paz y Justicia se le imputa, entre 1995 y 2000, la muerte o desaparición de 122 indígenas en el norte de Chiapas y el desplazamiento de más de 4 mil indígenas choles y tzetzales en esa región.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, representante de los familiares de las víctimas, afirmó que la acción del grupo paramilitar respondió a la guerra de baja intensidad del Ejército contra la insurgencia zapatista.
En noviembre de 1997, miembros de Paz y Justicia emboscaron a una caravana pastoral integrada por el entonces obispo de San Cristóbal de Las Casas, Samuel Ruiz García; el obispo coadjutor, Raúl Vera, dos catequistas y el mayordomo del santuario del Señor de Tila, Manuel Pérez. Ruiz García y Vera López resultaron ilesos, mientras los otros tres fueron heridos.
“Hasta la fecha se han mantenido impunes y quieren nuevamente imponer al presidente (municipal) a sangre y fuego; estas gentes viven de nuestros impuestos, son aviadores que cobran sin trabajar y por eso es que en las comunidades no se concluyen las obras que prometen los políticos, porque parte del dinero sirve para mantener a estos sinvergüenzas”, expusieron las autoridades ejidales de Tila.
Señalaron a Regino, de la zona media de Tila, y a Nicolás, agente rural de la comunidad de Unión Juárez del anexo al ejido Tila, de ser unos “vividores y traidores” y los responsabilizaron, junto con los tres antes citados, de lo que pudiera ocurrir en el ejido.
Denunciaron que utilizando el equipo de comunicación del gobierno municipal de Tila estos individuos han comenzado a coordinar al grupo paramilitar Paz y Justicia con el objetivo de someter a quien esté en desacuerdo con las disposiciones del edil.
Los comuneros adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) expresaron su temor a sufrir un ataque armado, por lo que alertaron a las organizaciones sociales y de derechos humanos a estar muy pendientes de lo que pueda ocurrir en el ejido Tila, ubicado en la cabecera municipal.
Los ejidatarios reclaman la devolución de 130 hectáreas que les pertenecen según la resolución presidencial de 1934, pues en 52 de ellas fue construida ilegalmente la cabecera municipal hace 72 años.
El pasado 16 de diciembre cientos de integrantes del ejido, que aseguraron haber sufrido hostigamiento y arbitrariedades, realizaron una marcha que culminó con la quema y destrucción de algunas áreas de la alcaldía.
Recordaron que en 2008 el tribunal agrario emitió una resolución en favor de los ejidatarios, pero como no fue ejecutada ellos acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que no ha resuelto el caso, presuntamente porque ocasionaría un problema social, pues sería necesario reubicar prácticamente toda la cabecera municipal.
En el comunicado el presidente del comisariado y el consejo de vigilancia del ejido de Tila acusaron que agentes rurales de otros ejidos que apoyan al ayuntamiento los están provocando.
“Si tanto quieren al ayuntamiento que se lo lleven a sus comunidades, nosotros los expulsamos por las constantes violaciones a nuestras garantías individuales, así como la violación al amparo número 73/2014 que se ganó para que no fuera destruido el casino del pueblo, sin el permiso de la asamblea general de ejidatarios”, manifestaron.
Los ejidatarios de Tila acordaron no emprender ningún diálogo ni negociaciones con los gobiernos, “porque nuestras tierras no se negocian ni se venden y seguiremos luchando para evitar cualquier despojo o contra cualquier imposición.
“En México la violencia la hacen siempre los tres niveles de gobierno escondiéndose tras los grupos paramilitares a su servicio para que ellos digan después que es un conflicto entre comunidades”, concluyeron.
Fuente: La Jornada
