Tras una larga batalla legal, el gobierno socialista español fijó para el 10 de junio la anunciada exhumación del dictador Francisco Franco del mausoleo donde yace, para enterrarlo en un lugar más discreto, en las afueras de Madrid.
“La reinhumación de los restos de Franco será el 10 de junio por la mañana, y el lugar al que irán será el panteón de Mingorrubio-El Pardo, que es de titularidad estatal”, indicó a la prensa la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, a seis semanas de las elecciones legislativas.
El lugar, en la periferia de la capital, “reúne las condiciones idóneas de seguridad y de adecuación para recibir con decoro y con respeto los restos”, puntualizó la dirigente.
El general gallego que en 1936 se alzó en un golpe contra la II República española, ganó tres años después la sangrienta guerra civil y dirigió el país hasta su muerte en 1975 descansará así en El Pardo junto a su esposa Carmen Polo.
El gobierno precisó que la exhumación y la reinhumación tendrán lugar el mismo día, pero de aquí a entonces, la operación enfrenta un importante escollo: la firme oposición de la familia, que ha venido retrasando todo el proceso.
Los nietos del dictador presentaron a comienzos de mes un recurso ante el Tribunal Supremo, que podría suspender cautelarmente la operación.
A ese recurso se sumará otro la próxima semana por parte de la Fundación Francisco Franco, indicó a AFP su presidente, Juan Chicharro, denunciando lo que considera “una bomba de propaganda mediática y electoral” por parte del gobierno.
Y es que la exhumación está prevista tras las elecciones legislativas del 28 de abril, que los socialistas esperan ganar para seguir en el poder y que no los desbanque una mayoría de derechas.
Carmen Calvo dijo no obstante que el gabinete resultante, sea del signo que sea, “lo tiene que hacer”, al estar obligado por las medidas legales adoptadas hasta ahora.
Entre esas medidas figuran un decreto adoptado en agosto por el gobierno, luego convalidado por el Parlamento, y un ultimátum de 15 días a la familia el pasado febrero, por el que el ejecutivo advirtió que si los nietos no acordaban un nuevo lugar para los restos, lo decidiría el gabinete.
Un mausoleo imponente y controvertido
Desde su muerte en noviembre de 1975, Franco yace en el Valle de los Caídos, un imponente mausoleo a unos 50 km al noroeste de Madrid, que por decisión suya construyeron miles de presos políticos en los años 40 y 50 del siglo pasado. En el templo católico, dominado por una cruz de 150 metros, hay restos tanto de combatientes afines a Franco -unos 27.000- como de víctimas de su régimen, unos 10.000 republicanos sacados de fosas comunes y cementerios y llevados allí sin previo aviso a las familias.
La tumba del general golpista, accesible al público y reverenciada por sus nostálgicos, se encuentra en el altar de la basílica, siempre cubierta de flores frescas. Una “tumba de Estado” y de “exaltación” que para el gobierno socialista es inaceptable e incompatible con la llamada Ley de Memoria Histórica de 2007, que busca resarcir a las víctimas de la dictadura.
La iniciativa de sacar a Franco de allí fue anunciada en junio por el presidente del gobierno Pedro Sánchez, pocos días después de llegar al poder.
La idea inicial era concluir la operación en julio, pero chocó con los sucesivos recursos de los nietos del dictador e incluso la oposición de la abadía benedictina que gestiona la basílica del Valle de los Caídos.
Al tiempo que el gobierno daba los pasos legales necesarios para hacerlo y negociaba con el Vaticano, los descendientes del dictador se opusieron inicialmente de plano a la exhumación.
Luego pidieron que fuera reinhumado en la Catedral de la Almudena, en pleno centro de Madrid, un lugar muy visible descartado por el gobierno, partidario de reubicar los restos en un emplazamiento discreto.
Fuente: AFP
