Por Víctor M. Quintana S.
El país en general y varios estados en particular sufren los perjuicios ampliados de la restauración priísta. En el ámbito federal, la fiebre reformista de Enrique Peña Nieto (EPN) quiere convencernos de que la única forma de ir hacia adelante es dar dos pasos atrás. Y en estados como Chihuahua, los gobernadores aliados o incluso aspirantes a suceder a Peña ni siquiera piensan en reformas, sino en desplantes e imposiciones que intentan maquillar como políticas públicas.
No es lo mismo el afán reformista y privatizador del salinismo en su apogeo histriónico de 1993 que 20 años después. No es lo mismo una sociedad que aun se creía los espejismos neoliberales, a una agotada en lo económico, en lo educativo, en lo nutricional, después de 30 años de imposición de las políticas de ajuste. No es lo mismo predicar las bondades del mercado cuando acaba de caer el Muro de Berlín, que cuando se han vivido seis años de muerte y de sangre, resultado en buena parte de la violencia generada por la aplicación de los dogmas libremercadistas.
Pero insisten. EPN y su partido acuden a lo que durante años les dio urticaria: el nacionalismo de Cárdenas o de los murales de Rivera, para convencer de las bondades de las privatizaciones que lograrán si consiguen pasar su reforma energética. Como únicos actores posibles de la salvación del sector energético ven a las empresas trasnacionales. Hay, diría Alain Touraine, una visión sesgada que concibe la modernización sólo como racionalización, como maximización de la ganancia.
Para ellos, el resto de actores sociales, como los obreros, los campesinos, los indígenas, los jóvenes y en general el pueblo de México, no se distingue por su racionalidad, sino por su emoción, su sentimiento, su lealtad al pasado, por eso hay que arrasar con todo ello. Ni EPN ni su partido ni sus aliados consideran al pueblo de México como sujeto, como actor con facultad y posibilidad y derecho a discutir, a decidir, que es la otra parte de la modernización.
Por eso se le escamotea información, se le da a cuentagotas –como la iniciativa de reforma sin leyes reglamentarias-, se rechaza consultarle, mucho menos someter a plebiscito su proyecto (contra) reformista. Lo mismo pasa con la reforma educativa: a los maestros disidentes los presentan como los irracionales, los intransigentes, en aras de la absoluta racionalidad de la OCDE y de los organismos empresariales que ignoran todo sobre la educación pública en México.
Si el autoritarismo y el racismo de la inteligencia predominan en los proyectos de reforma de EPN, en entidades como Chihuahua la imposición del priísmo restaurado es mucho más elemental y autoritaria. Si aquella es un salinismo minus, una versión disminuida de los científicos porfirianos, ésta es una versión reloaded del caciquismo de los jefes políticos. Tan sólo dos hechos de represión de los días recientes revelan la impotencia que resulta de ejercer el poder por el poder.
En Chihuahua no es cosa común ver los antimotines en las calles. El hecho más recientes fue en 1997, cuando el gobierno de Francisco Barrio mandó a reprimir a los indígenas de la comunidad de Monterde en la capital. Pero lo que no se había hecho en 16 años, se superó en sólo tres días. El viernes por la noche la policía estatal la emprendió a toletazos contra dos contingentes que se manifestaban: uno, de choferes de autobús amenazados con el desempleo, con la puesta en marcha del Vivebús, nuevo sistema de transporte colectivo. Otro, de ciudadanas y ciudadanos muy diversos que protestaban por la construcción de una réplica del mausoleo fúnebre de Francisco Villa, que costaría al erario más de 8 millones de pesos, cuando el original está a unos 500 metros de ahí. La policía y los agentes de tránsito empezaron a retirar con grúa los autobuses de los choferes y atacaron a quienes trataron de impedirlo. Detuvieron a 10 personas, jóvenes y choferes, mismos que luego fueron liberados ante la presión de los padres de familia, de organizaciones como el #YoSoy132 y activistas derechohumanistas.
La escena se repitió más encarnizada el lunes 26, al comenzar a operar el Vivebús. Centenares de usuarios que no alcanzaron su lugar en el camión, o que no lo vieron llegar a su lugar de origen y que perdieron su día de trabajo, se manifestaron espontáneamente en varias paradas del trayecto. Frente al palacio de gobierno, la manifestación adquirió más intensidad, y aquí de nuevo brillaron más los toletes que la inteligencia para reparar la mala planeación de las rutas. De nuevo, los golpeados y los detenidos fueron los jóvenes. Diecisiete de ellos fueron conducidos a los separos policiacos y liberados 12 horas después, luego de una intensa presión de las organizaciones sociales. La versión oficial de los hechos hace recaer la responsabilidad del colapso del lunes a la perfidia de los partidos, organizaciones y personas críticas del gobierno del estado, y no a la incompetencia para operar el nuevo sistema de transporte y la insensibilidad para atender las bien fundadas quejas de los usuarios y camioneros.
La restauración priista hace agua por todos lados. A nivel federal, no se llega aún al primer Informe de gobierno y ya se anda superando la proporción de homicidios dolosos que se dio en el Calderonato; las previsiones de crecimiento económico difícilmente superan ya el uno por ciento; la reforma educativa impuesta, pactada en las cúpulas, se tambalea por la contestación callejera; la reforma energética muestra su carácter entreguista y racista detrás de su escenografía nacionalista. En estados como Chihuahua, el PRI gobierna con imposiciones, caprichos, berrinches, ineficiencia y múltiples denuncias de corrupción. El gobernador se jacta en las páginas de los periódicos de haber desarticulado los cárteles y ellos le responden sembrando el terror y la muerte en varios sitios del estado.
Ni democracia, ni modernización, ni crecimiento económico, ni justicia, ni paz: la restauración priísta está y, lo que es peor, nos tiene con la soga al cuello.
* Víctor M. Quintana S. Doctor en ciencias políticas y dirigente estatal de Morena en Chihuahua
