El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) determinó que los 82 videos relacionados con la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa son reservados, ante la supuesta imposibilidad de la Procuraduría General de la República (PGR) para generar una versión pública de ellos.
Pese a que el expediente del caso de los normalistas desaparecidos, que consta de 85 tomos y 13 anexos, actualmente es público, la consulta de los videos sólo es referida, es decir, no se pueden consultar, motivo por que un particular solicitó tener acceso a ese material audiovisual.
El pleno determinó, en votación de cinco contra seis, dar por válido el argumento de la dependencia en el sentido de que no cuenta con el equipo necesario para editar las imágenes, debido a que en ellas existe información de tipo confidencial, tanto de víctimas como de testigos, así como de funcionarios que participaron en distintas diligencias.
La comisionada presidente, Ximena Puente, argumentó que el Insituto no está facultado para pronunciarse sobre la veracidad de la respuesta de la PGR y por lo tanto debe asumir que existe una imposibilidad técnica.
También justificó que “lo señalado cobra relevancia en el presente asunto, toda vez que no existen elementos subjetivos que nos permitan determinar que el sujeto obligado sí cuenta con los recursos y con los sistemas de edición necesarios que le permitan generar estas versiones públicas de los videos”.
Así, la mayoría de los videos son el registro de las diligencias que llevó a cabo el Ministerio Público durante la investigación, así como de interrogatorios y el registro en ese formato de las evidencias recolectadas.
Por su lado, el comisionado Joel Salas, que votó en contra de la resolución, planteó por qué el 27 de enero de 2015, durante la conferencia que encabezó Jesús Murillo Karam, entonces titular de la PGR, se presentaron videos editados –incluso algunas escenas difuminadas– si la dependencia carece del equipo para esas acciones.
Ante esa duda, argumentó Salas, “que yo calificaría de razonable, y tratándose del caso que se trata, en donde justamente la solicitud va en relación a los tomos 1 y 85 dentro de los cuales se hizo justamente una versión pública de los mismos, es que no puedo acompañar el proyecto como va en sus términos”.
Fuente: Apro
