Requisa a medias, concesiones a salvo

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Por Luis Javier Valero

Anunciada estrictamente por medio de filtraciones periodísticas, fueran desde el Gobierno, o desde las distintas corrientes de los concesionarios, la requisa parcial sobre el ViveBus-Chihuahua, decretada el viernes, era una medida largamente solicitada por algunos sectores de la sociedad.

No era una medida contemplada por la mayoría de los usuarios como una solución, no porque la rechazaran, sino porque a los ojos de esa mayoría da lo mismo concesionarios que Gobierno y, lo importante, para ellos, como para el resto de la población, es que ofrezcan buen servicio quienes están encargados de proporcionar el del transporte urbano.

Más aún, el sentido de la decisión sorprende porque la requisa (independientemente de la caracterización jurídica que se le dé) recae exclusivamente en la ruta troncal del ViveBus y se les deja a los concesionarios el manejo y control de las rutas alimentadoras, receptoras de la inmensa mayoría de las quejas de los usuarios.

Los argumentos utilizados para quitarles la concesión de esa ruta es que presenta un quebranto de alrededor de 100 millones de pesos en los escasos 9 meses de funcionamiento, aunado al “deficiente servicio” otorgado.

¿Perdón? ¿Oímos bien? ¿El mal servicio prestado en la ruta troncal?

No hace mucho, el gobernador César Duarte afirmaba que esa ruta era el ejemplo del nuevo y moderno servicio de transporte urbano que merecen los chihuahuenses.

Así lo dijo: “Si bien hoy la línea troncal del ViveBús se constituye en un referente respecto a la calidad en el servicio y la aceptación que tiene entre la población, las rutas alimentadoras son las que han desvirtuado la funcionalidad y sobre todo la calidad del servicio…”. (Nota de Heriberto Barrientos M., El Diario de Chihuahua, 2/V/14).

En esa ocasión, el dirigente de la CTM, Jorge Doroteo Zapata, fue quien develó lo que ahora vemos. Se trataba, dijo, que la medida asumida “sea en beneficio del usuario… y que no perjudique a los concesionarios o los operadores”. (Ibídem).

¿Y entonces?

Si bien la ruta troncal del ViveBús Chihuahua no podía –no puede– calificarse de excelente, tampoco podía desestimarse; sus problemas derivan del mal diseño del total de las rutas, de la falta de estimación del flujo de usuarios, de la ausencia de unidades directas (al estilo de viajes exprés en ambos sentidos de la vía), del mal diseño de los autobuses, cuya capacidad de transportar pasajeros sentados es de la mitad de las unidades anteriores y, sobre todo, del deficiente sistema de cobro (a pesar de ser digital y con tarjeta) que se convirtió en una de las principales quejas de los usuarios por la desaparición de cantidades “hormiga” en los saldos de las poco menos de 500 mil tarjetas emitidas.

Pero las principales quejas no provenían de esta ruta, sino de las alimentadoras, las que ahora, no solamente se dejan intactas, sino que la decisión de requisar parcialmente, llevará a que desaparezca el esquema de cobro 6-2-0 (En pesos, de acuerdo con el transbordo efectuado).

Así, una de las consecuencias será (y para nada podríamos descartar que esa era, secretamente, el plan de los concesionarios) el regreso al esquema de 6 pesos por viaje efectuado. Seguramente que los usuarios deberán desembolsar cantidades mayores para el transporte ¡Consecuencia nefasta!

Una cosa es positiva de tal enredo (que deberemos esperar, aún, el esquema jurídico con el cual operará la ruta troncal), esto es, que la mayor parte de la inversión efectuada por los Gobiernos estatal y municipal será “recuperada”, pues la mayoría de las obras realizadas se hicieron a lo largo de ella y el financiamiento de la compra de los autobuses corrió a cargo de organismos internacionales, con el aval del Gobierno del Estado ¡Por fin, una buena para nosotros!

Una cosa es cierta, afectado, pero el antiguo pulpo camionero continúa en el control del transporte urbano de la capital del estado. Es tal su dominio –porque forma parte de los grupos hegemónicos en la ciudad y el estado– que incluso la medida adoptada no se efectuó debido a un ejercicio de la autoridad, por lo menos eso es lo que está asentado en los documentos, sino a una petición de los concesionarios agrupados en la Coordinadora de Transporte Colectivo (CTC) de que sus concesiones se limitaran solamente a las rutas alimentadoras ¡Órale, la requisa parcial obedece a una “petición” de los concesionarios!

No es una fantasía del escribiente, el documento emitido por la Secretaría General de Gobierno así lo establece:

“Acuerdos… Primero. Se autorizan las peticiones formuladas por los 506 concesionarios, a fin de que sea la Coordinadora de Transporte Colectivo de la Ciudad de Chihuahua, S.A. de C.V., la que administre y explote, únicamente en las Rutas Alimentadoras, las concesiones de transporte colectivo urbano de pasajeros en la Ciudad de Chihuahua, otorgadas por el Ejecutivo del Estado, para lo cual dichos concesionarios le transmitirán la administración y explotación de su respectiva concesión…”.

Quedan en el aire infinidad de asuntos, a cual más de controversiales sobre la operación del ViveBús.

Según fuentes gubernamentales, la administración estatal erogaba alrededor de 10 millones de pesos mensuales para el sostenimiento de la prestación del servicio, en rubros que despertaban, por lo menos, suspicacias: Los salarios de los choferes, la compra de insumos de todo tipo para las unidades (todas, no solamente las de la ruta troncal, los gastos de los talleres y el personal contratado para la operación general del sistema de transporte.

Y si el Gobierno del estado gastaba esas sumas millonarias, no guardaban congruencia con los camiones atestados permanentemente y las quejas de algunos concesionarios en el sentido de no recibir, en meses, ganancia alguna y la de los directivos en el mismo sentido.

Según cálculos efectuados por un activista de la capital, Javier Arvizo, con base en la escasa información ofrecida en los portales gubernamentales y los informes de la empresa CTC, se puede colegir que sus ingresos mensuales ascendían a alrededor de 120 millones de pesos mensuales y sus gastos en 70 millones, lo que generaría, según estos cálculos, utilidades mensuales de 50 millones de pesos y, por tanto, alrededor de 100 mil pesos para cada propietario de una concesión. ¿Serán ciertos?

Indicios de tales rendimientos nos los ofrecieron los concesionarios del ViveBús Juárez, quienes informaron que en tan sólo tres meses de funcionamiento se calculaban en 10 millones de pesos las ganancias generadas para los concesionarios.

Entonces, aquello de que es un negocio en números rojos muy difícilmente se puede creer.

Pero si la fiscalización de los ingresos –o el conocimiento de sus montos– le estaba vetada a los organismos gubernamentales (lo que es una falacia en el sentido práctico, dada la cercanía y relaciones de los dirigentes cetemistas con el Gobierno estatal), para indagar si las quejas de los concesionarios estaban fundadas, el tema de las concesiones otorgadas sin que los beneficiarios de ellas poseyeran autobús alguno sí nos lleva a la desatención de las dependencias de Gobierno (y quizá la colusión de algunos de los funcionarios públicos) para que no se efectuara medida alguna a fin de solventar la falta de esa cantidad de unidades en las rutas alimentadoras, justamente en los meses críticos cuando las quejas se convirtieron en uno de los temas centrales de las conversaciones de los habitantes de la capital, de todas las clases sociales.

Debieron pasar 9 meses para que, muy mesuradamente, las autoridades amenazaran a los concesionarios con la cancelación de las mismas si no aportaban las unidades. Bueno, pues todavía no.

Otra. Transcurrido ese lapso, nadie ha informado del monto de los pagos efectuados por los concesionarios por el financiamiento recibido para la compra de los autobuses. Y sólo de éstos, porque del total de las obras construidas y de los sistemas de cómputo y operación, incluido lo necesario para la dotación del Internet, la empresa no iba a pagar nada. ¡Excelente negocio!

Así, del proyecto original, largamente ponderado como único en el país porque el total del transporte urbano de una ciudad se asumía por una sola empresa y se convertía en un sistema de control único, se ha convertido en dual, por lo menos y hasta ahora, en la clara aceptación del Gobierno estatal del fracaso de los concesionarios para brindar un servicio de excelencia.

Pero los lazos políticos son extremadamente fuertes como para percatarse que un servicio de la magnitud e importancia del transporte urbano no debe estar en manos privadas, esa es una facultad de la administración estatal que no debiera concesionar, y, por tanto, que debiésemos avanzar en el sentido que ahora se ha realizado y asumir la prestación del servicio en las rutas alimentadoras en las que sostiene el Secretario de Gobierno, Raymundo Romero existan fallas, además de las otras troncales que se vayan poniendo en funcionamiento.

Una primera etapa podría ser, por ejemplo, el que diera de baja las concesiones que no cuentan con unidades de transporte, comprar los autobuses y emplearlos en las rutas alimentadoras de más alta demanda y conflictividad y, de ese modo, el actual sistema mixto con el que ahora se cuenta en la capital del estado (semejante, por lo menos ahora, al de Juárez) vaya, rápidamente, convirtiéndose en un sistema de transporte a cargo del Gobierno del estado, bajo la modalidad que está en obligación de poner en funcionamiento a más tardar en tres meses, previa aprobación del Congreso del Estado.

Esa sería la ruta correcta, insistir en la de ahora, o en la de antes del ViveBús, como aparentemente desean los concesionarios, es abonar a la deficiencia en la prestación del servicio, porque, no contentos con lo ahora sucedido, los concesionarios desean que el Gobierno del Estado les otorgue, a manera de subsidio, 300 millones de pesos “para modernizar” las unidades, y lo desean de esa manera, porque de acceder a un préstamo tendrían que pagar, solo por intereses, alrededor de 2 millones de pesos al mes. No quisieron los angelitos.

Pero subsiste la inquietud. Si la mayor parte de los problemas no estaban en la ruta troncal ¿Por qué no se afectaron las alimentadoras?

 

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