¿Dónde estaban las instituciones cuando ocurrieron los hechos de Ayotzinapa y Tlatlaya?, cuesiona el presidente de la CNDH
La “normalidad” estaba asentada en la simulación, la indolencia y la falta de responsabilidad pública, afirma Luis Raúl González, en la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2014.
Ante el presidente Enrique Peña Nieto, tras de afirmar que “los oprobiosos hechos de Iguala y Tlatlaya no son producto de generación espontánea“, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, cuestionó:
-¿Dónde estaban las instituciones de seguridad del Estado que debían prevenir los riesgos y las amenazas a la seguridad interior? ¿Qué hacían las autoridades competentes de los distintos niveles de gobierno cuando acontecían esos deleznables episodios?”
González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), reclamó de ese modo las omisiones y la corrupción desde el Estado que provocaron serias violaciones de derechos en el país, como en las ocurridas en los casos Tlatlaya e Iguala, si bien esta parte de su discurso no fue incluida en el comunicado oficial de la CNDH.
Durante la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2014, González Pérez advirtió de una crisis de derechos humanos en algunas regiones del país, así como de unadesconfianza hacia el Estado provocada por la violencia, inseguridad, corrupción e impunidad.
El presidente de la CNDH consideró imposible volver a la “normalidad”, puesto que ésta estaba asentada en la simulación, la indolencia y la falta de responsabilidad pública.
Asimismo, reiteró su posición a favor de la protesta social libre, pacífica y realizada dentro del marco legal, en la cual las autoridades sancionen a quienes incurren en la violencia.
Las manifestaciones son una expresión de hartazgo ante la impunidad, dijo, por lo cual las autoridades deben ser autocríticas y deben entender la complejidad del enojo colectivo.
“Por complejas que sean las circunstancias, México no puede permitir el debilitamiento de su Estado de derecho“, afirmó.
Señaló que entender la complejidad del enojo colectivo y el riesgo de erosión de la legitimidad gubernamental obliga a un cambio de actitud, de estrategia y de discurso. “No se trata de rediseñar el país –dijo el ombudsman nacional— sino de establecer prioridades”.
Fuente: Aristegui Noticias
