Reprimen protesta de familiares de desaparecidos en Guanajuato

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Con personal antimotines y elementos de Fuerzas de Seguridad, el gobierno del estado reprimió una manifestación que familiares de personas desaparecidas hacían en vialidades de la glorieta de ingreso a esta ciudad. Por lo menos tres mujeres fueron detenidas y una más presentó una lesión en la pierna tras un forcejeo con agentes que la empujaron.

Las familias, así como organizaciones civiles defensoras de derechos humanos y académicos, han coincidido en demandar al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo la reposición del proceso por el que se designó a Héctor Díaz Esquerra como titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, pues afirman que este proceso no se transparentó ni se les permitió participar, y que el nuevo titular no cumple con el perfil para esta tarea.

Familiares de personas desaparecidas e integrantes de organizaciones civiles que protestaban la mañana de ayer en la glorieta Santa Fe, de esta ciudad, fueron desalojadas por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del estado.

Los manifestantes solicitaban al gobernador Diego Sinhue Rodríguez reponer el proceso de selección del titular de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Guanajuato, porque el recién designado, Héctor Alonso Díaz Ezquerra, no cumple con el perfil para el cargo.

Durante el desalojo fueron arrestadas cuatro mujeres y el visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) Jorge Francisco Rubio Salgado. La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHG) abrió la queja 72/2020-, por la detención de manifestantes.

El grupo de unas 60 personas, quien llevó fotografías de sus familiares desaparecidos, partió a las 8:30 horas de la central de autobuses. Se organizaron en tres filas para mantener la sana distancia entre cada uno y portaron cubrebocas. Al llegar a la glorieta Santa Fe bloquearon la vialidad y exigieron la instalación de una mesa de diálogo con el mandatario estatal.

Queremos que nos des una explicación de por qué seleccionaste a un administrador de empresas; eso no lo vamos a aceptar porque esa persona no es capaz y no se debe jugar con la vida de nuestros familiares, expresaron.

Poco después arribó el grupo de antimotines de las Fuerzas de Seguridad estatal para retirar los ve-hículos y las personas que realizaban el bloqueo. Durante el desalojo, los manifestantes formaron una valla tomados de las manos y gritaron: “¡Abuso de autoridad, es nuestro derecho la manifestación!

A los policías también los están matando y nadie los está defendiendo, respondieron los uniformados y comenzaron los empujones. Al lugar arribó el asesor de la Secretaría de Gobierno, Baltazar Zamudio Cortés, a quien le reclamaron que los agentes se confrontaran con mujeres y menores de edad.

Fuerzas de seguridad retiran vehículos con grúas

La autoridad llegó con grúas para retirar los vehículos utilizados para bloquear la avenida, y en ese momento también hubo un conato de bronca. Ya llegaron más policías, ¡ya vámonos!, gritaron varios de los inconformes.

Tras la gresca, la vialidad quedó liberada y cuatro mujeres, junto con el funcionario de la CNDH, fueron arrestados. Las detenidas son Berenice Montoya Juárez, Karla Martínez Jiménez, Verónica Durán Lara y la activista María del Carmen Ramírez.

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Los llevaron a los separos municipales y los pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) por bloquear vías de comunicación. El gobierno estatal no interpuso una denuncia contra los detenidos, a quienes liberaron horas después.

El secretario de gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, aseguró que el gobernador está abierto al diálogo y será quien determine una reunión con las familias de los desaparecidos. Exhortó a personajes políticos a no tomar ventaja ni manipular una legítima causa, y a la CNDH, documentar la afectación al libre tránsito.

El secretario de Seguridad Pública estatal, Álvar Cabeza de Vaca, informó que la FGE liberó a las detenidas bajo las reservas de ley, y que Asuntos Internos investiga posibles abusos o faltas administrativas de sus subalternos.

Fuente: Apro/ La Jornada

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