Decenas de organizaciones sociales celebraron la visita del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Hussein, en momentos en que México atraviesa “por una crisis tan profunda”.
En una carta dirigida al representante de la ONU, las organizaciones hacen un recuento del saldo de nueve años, en los que el país, apuntan, “ha experimentado un aumento acelerado en los índices de violencia e impunidad”, atribuida al despliegue de miles de miembros de Fuerzas Armadas involucrados en la “guerra contra las drogas”.
Tras considerar que el despliegue castrense ha derivado en “graves violaciones a derechos humanos”, exponen cifras preocupantes: 102 mil 696 homicidios intencionales, de los cuales “al menos 70 mil son ejecuciones extrajudiciales”; 4 mil 55 denuncias de tortura ante la Procuraduría General de la República (PGR), de las cuales mil 207 son atribuidas a militares; 25 mil 821 personas desaparecidas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, y 281 mil 418 desplazados internos por la violencia.
En la lista también se contabilizan 8 mil 595 “personas detenidas arbitrariamente bajo la figura del arraigo tan sólo a nivel federal”, así como 27 asesinatos y ocho casos de desaparición forzada contra defensores de derechos humanos, de acuerdo con los registros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
De igual manera, destaca el asesinato de aproximadamente 80 periodistas y la desaparición de 17, además de que cada día se comenten seis crímenes de mujeres en el país, lo que coloca a México en el lugar 16 en la incidencia de homicidios contra personas del sexo femenino a nivel mundial.
Las cifras anteriores reflejan que México “enfrenta una profunda crisis de derechos humanos” y que en la actual administración se han cometido “potenciales crímenes de lesa humanidad”, como serían los casos de las matanzas de Tlatlaya, en el Estado de México, en junio de 2014; la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, en septiembre del mismo año; las ejecuciones extrajudiciales en Apatzingán, Michoacán, donde murieron 16 personas, y en Tanhauto, con 42 víctimas, en enero y mayo de este año, precisa la misiva.
Asimismo, la desaparición forzada de siete personas en Calera, Zacatecas, en julio de este año; la privación arbitraria de la vida de Edilberto Reyes García, de 12 años, en la comunidad indígena de Ostula, Michoacán, así como los crímenes no esclarecidos del fotoperiodista de Proceso, Rubén Espinosa, y sus acompañantes: Nadia Vera, Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz y Mile Virgina Martín, en un departamento de la ciudad de México, el 31 de mayo pasado.
Tras agregar el caso de San Fernando, Tamaulipas, y de Cadereyta, Nuevo León, donde fueron localizados decenas de restos de migrantes asesinados, las organizaciones alertan que hasta ahora no hay “un diagnóstico nacional confiable sobre la situación real del país sobre los desafíos que enfrenta el Estado en materia de derechos humanos”.
Pese a la inexistencia de dicho dictamen, advierten, el actual gobierno se ha distinguido por “el creciente desconocimiento de las observaciones de mecanismos internacionales de derechos humanos”, y enlistan los diferendos registrados en febrero pasado por las conclusiones del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED); en marzo, con el relator Especial de Naciones Unidas sobre Tortura, y el pasado viernes 2, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Sin un diagnóstico real de la situación del país, “la reacción que la actual administración ha manifestado ante los organismos internacionales se ha caracterizado por la negación de la realidad y por una preocupante simulación de apertura al escrutinio internacional”, subraya el texto.
Y alerta que el gobierno de Enrique Peña Nieto “pretende silenciar las voces críticas y expertas de la ONU a través de la nominación de candidatos que han servido siempre a los intereses del Estado”, como es el caso del embajador Claude Heller, propuesto por el Estado mexicano para ocupar un cargo en el Comité contra la Tortura y quien sustituyó al experto Miguel Sarre.
Sabedores de que en estos momentos su oficina negocia “la renovación de los términos de un acuerdo de cooperación técnica”, los firmantes consideran oportuna la visita de Zeid Ra’ad Hussein a México ante la crisis descrita y “la debilidad” de las instituciones encargadas de promover y defender los derechos humanos, incluidos los órganos de procuración e impartición de justicia.
El funcionario de la ONU, agregan, llegó “en la coyuntura precisa para lograr que el fortalecido mandato de su Oficina auxilie a las autoridades mexicanas en la identificación de líneas prioritarias para prevenir, atender, sancionar y reparar a las víctimas de violaciones a derechos humanos”.
Finalmente, hacen tres planteamientos para desahogarse durante la visita de Zeid Ra’ad Hussein: en primer término, “una posición proactiva” por parte de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). En este sentido, piden un informe sobre la situación en México ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, “para evaluar los avances y retrocesos de las medidas implementadas por el Estado mexicano en cuanto a la investigación, procesamiento, sanción y reparación de violaciones a derechos humanos en el país”.
También solicitan el fortalecimiento de la OACNUDH en materia de observación, así como la posibilidad de que haga “pronunciamientos públicos”, es decir, que “tenga presencia pública activa y relevante, en la que pueda emitir llamamientos e invitaciones a respetar las obligaciones internacionales cuando se encuentre frente a la actuación deficiente por parte del Estado mexicano en la protección y defensa de los derechos humanos”.
Por último, demandan la creación de “una comisión internacional contra la impunidad de violaciones graves de derechos humanos y de casos de corrupción, que funja como un órgano integrado por expertos independientes nombrados por el secretario general de la ONU”, con la finalidad de fortalecer “el derecho de las víctimas a coadyuvar con las autoridades en la identificación y sanción de los servidores públicos que transgredan sus obligaciones y responsabilidades en materia de corrupción”.
La carta, a la que anexaron un diagnóstico de la situación de los derechos humanos, fue firmada por decenas de organizaciones, entre ellas 75 de las que integran la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT).
Entre otras agrupaciones que signaron el documento están: Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos; Alianza Mexicana contra el Fracking; Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos y Victimas de Violaciones a Derechos Humanos; Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo; Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez.
Fuente: Proceso
