Por Javier Sicilia
Durante los procesos electorales de 2012, y a pesar de que aún no existe una reforma política en ese sentido, llamé a votar en blanco. Acompañé ese llamado diciendo que dadas las condiciones de corrupción del Estado y de los partidos, que se reflejaba en los índices de impunidad y de violencia, esas elecciones serían las de la ignominia: quien ganara sólo llegaría al poder a administrar el infierno. Pocos comprendieron la dignidad democrática que había detrás de ese llamado y, contra lo que una buena resistencia civil aconsejaba, los comicios se efectuaron con su consabida dosis de corrupción, fraude, ignorancia y buena voluntad. El resultado –me habría gustado equivocarme– ha sido la ignominia y la administración del infierno. No sólo la justicia sigue ausente, sino que la violencia –los recientes procesos electorales y las desapariciones, asesinatos, extorsiones, secuestros, lo declaran a gritos– aumenta, y la escalada militarista se instala en el corazón desesperado de muchos.
Una de las razones de esa realidad –que nos negamos a aceptar por los costos que debemos asumir– es que las instituciones del Estado no sólo entraron en crisis, sino que, por lo mismo, su existencia se ha vuelto contraproductiva, es decir, las funciones específicas para las que se crearon –resguardar la seguridad y la justicia– se volvieron su contrario. De este modo, el uso legítimo de la fuerza, que correspondía al Estado para garantizar la paz y la justicia de la nación, la vida de la gente, desapareció tragado por una violencia sin control ni contrapesos, donde lo único que impera es el miedo. En un mundo así, donde todas las diferencias están rotas, la democracia, el poder de la gente para construir un común, una verdadera vida política, desapareció, y en su lugar se han ido instaurando formas inéditas del totalitarismo: el de las redes criminales.
Junto a un Estado ineficiente y en crisis –su existencia se reduce cada vez más a elecciones ignominiosas y crecientemente penetradas por el crimen organizado, a cobrar impuestos y a alimentar, con ellos, una burocracia tan ineficiente como corrupta– se han ido edificando –llamémoslas de esa manera a falta de un nombre– formas de Estados paralelos tan genocidas y crueles como el de los totalitarismos.
México, en consecuencia, no está sumido en el caos, sino en el control nihilista de estructuras que se comportan de manera totalitaria y son alimentadas por la corrupción misma de las instituciones que se fingen democráticas. No son grupos delictivos, como suele pensarse, sino formas complejas de sometimiento social con milicias, jerarquías, bases sociales y capacidad de someter nuestras libertades, maximizar capitales y mantener el control y el dominio de las personas y de sus territorios mediante el terror y el uso de las instituciones del Estado.
Esa violencia generalizada, que los gobiernos y sus simulaciones democráticas no pueden ni podrán contener, está afectando de maneras cada vez más terribles al país. No sólo está contribuyendo a la difusión geométrica de la violencia y la impunidad, sino, al igual que lo hace cualquier totalitarismo, a exacerbar el miedo, la envidia, el resentimiento, la venganza y, con algunas excepciones, la indiferencia ante el destino de los que sufren directamente sus estragos.
No sé si el Estado deba seguir existiendo –es una vieja y ardua polémica que no es posible discutir aquí en este momento–. En todo caso, el que hoy tenemos vive una profunda crisis que está alimentando estructuras de violencia totalitaria inéditas. ¿Cómo rehacerlo? ¿Cómo obligarlo a cumplir su función primordial, refundar la vida democrática y salvar a la nación?
Los Estados, es una verdad de la historia, no son estructuras monolíticas, sino realidades que nacen, crecen, entran en crisis y mutan. El nuestro, para salvar a la nación y a la democracia, necesita una profunda transformación; diría, incluso, una refundación.
Ella, creo, sólo puede conseguirse, primero, haciendo una declaración de la emergencia nacional y de la tragedia humanitaria que vive México –no podemos seguir ocultando esa realidad–; segundo, dejando a un lado las diferencias políticas y convocando, en función de esa emergencia, a un gran pacto nacional con todas las organizaciones sociales, los empresarios, las Iglesias y los actores políticos, cuyo primer objetivo sea construir una resistencia ciudadana; tercero, invirtiendo en verdaderos protocolos de búsqueda de desaparecidos; cuarto, realizando una profunda reforma política que incluya un nuevo Constituyente cuya base sea la reconstrucción del común y de la vida política, no en su sentido de lucha de intereses, sino de servicio, de reconstrucción del tejido social, de vida humana y de una profunda participación ciudadana en la vida del Estado.
Este movimiento de paz del que hablo implicaría un nuevo pacto social que vuelva a unificarnos bajo los principios más humanos, políticos y razonables. Una crisis que está desgarrando al Estado y a la nación entera debe ser enfrentada por todos. Si no somos capaces de hacerlo, la violencia de los nuevos totalitarismos terminará por reinar sobre un mundo de osarios y de esclavos.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a los presos de Atenco, hacerle juicio político a Ulises Ruiz, cambiar la estrategia de seguridad y resarcir a las víctimas de la guerra de Calderón.
Fuente: Proceso
