Los narcotraficantes Óscar Omar Treviño, “El Z-42”; los hermanos García Simental, Teodoro, “El Teo”, y Marco Antonio, “El Cris” y Servando Gómez Martínez “La Tuta” denunciaron violaciones a sus derechos humanos por declarar en contra de funcionarios de alto nivel después de la fuga de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán del penal federal del Altiplano, Estado de México, el pasado 11 de julio.
En un desplegado publicado en el diario Reforma, los reos que se encuentran en área de tratamientos especiales del penal acusan en particular a Leonor García García, directora Jurídica del Centro de Readaptación Social No. 1, así como al secretario Técnico y representante legal del Consejo, y a la directora Técnica –a quienes no identifican– de dar la orden de cambiarlos a “estancias insalubres que carecen de los lineamientos esenciales de una celda”. Aseguran que comen junto al baño al no existir un área de comedor.
Además, dijeron que son hostigados por elementos de la Policía Federal que no tienen nada qué hacer en ese lugar porque no están en estado de emergencia.
También acusan al encargado de despacho de la Dirección General del Cefereso por tener “oídos sordos” y encerrarse en su oficina sin atender las exigencias de los reos y sus familiares, vulnerando con ello sus derechos humanos.
Según los quejosos, el hostigamiento empezó después de la fuga de ‘El Chapo’ y la visita del director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón, quien les pidió su cooperación para declarar todo lo que sabían y se comprometió a guardar en secreto la averiguación previa y a evitar represalias contra los que declararan.
Pero la promesa, denuncian en su desplegado, no se cumplió.
“Declararon todo lo que sabían y de lo que se dieron cuenta días previos a la fuga, así como lo que sabían de los funcionarios que ayudaron a que aconteciera la evasión del reo; funcionarios de alto nivel que sus nombres constan en la referida averiguación, y sólo dieron a conocer lo que manipularon, cuestión que no fue así, toda vez que en diversos medios se publicaron las declaraciones ante la PGR de los internos, incumpliendo con su palabra el funcionario y no guardó el secreto que necesitaba la indagatoria”.
A partir de entonces, inició el hostigamiento, afirman los quejosos, exlíderes de los principales cárteles del país.
Lo más denigrante, dicen, es que los obligan a desvestirse cuando van a los juzgados, locutorios, baños o servicio médico y, ya desnudos, a hacer sentadillas mientras los observan para mirarles “la parte posterior”.
Igual sucede, añaden, con las personas que asisten a la visita familiar e íntima, a las mujeres les hacen quitarse incluso la toalla íntima y a los niños el pañal.
“Lo más grave de todo es que a sus esposas las desvisten en la habitación donde tienen su visita íntima, dejándolas sin nada, aduciendo cuestiones de seguridad”, afirman y consideran que la intención es llevarlos al límite para que “caigan en falta” al reglamento del penal.
Según los reos quejosos también les racionan la comida y les sirven alimentos en estado de descomposición, lo que les ha acarreado enfermedades gastrointestinales y el servicio médico que les brindan “es pésimo” y no va de acuerdo a la urgencia de su estado de salud.
Les dan, dicen, medicamentos caducos y si se niegan a ingerirlos les levantan reportes y los sancionan quitándoles artículos de uso personal, encerrándolos por más de 36 horas obligándolos a deambular en su celda, retirándoles la televisión, que está permitida en el reglamento y es un derecho a la información, o de plano impidiendo la entrada de su visita familiar o íntima.
Esto último es lo que consideran más grave pues “transgreden los lineamientos otorgados por los derechos humanos, así como nuestra Carta Magna y los tratados internacionales”.
Y afirman que además de ser excesivos los días que los dejan sin visitas, les causan “agravios de difícil reparación, con daños y perjuicios, pues con ello interrumpen el tratamiento individualizado para la reinserción de los internos, lo que sí afectaría al interés social y el orden público”, advierten, además de que generan desintegración familiar.
Todo ello, afirman contraviene el Artículo 18 Constitucional que establece que la finalidad de las penas privativas de la libertad es la readaptación social del interno sobre la base del trabajo, la educación y la capacitación para el mismo.
Además, dicen, al tenerlos incomunicados se vulnera el Artículo 22 por lo que afirman que ya declararon contra Leonor García García, la única que sigue laborando en el penal y quien era la funcionaria de más alto nivel el día de la fuga.
“Ella de forma visceral ha hecho este abuso de autoridad y ha tomado partido, hostigando a los internos, con el fin de que si la Procuraduría General de la República pretendiera ampliar las declaraciones de los internos los tenga controlados”, acusan.
Ante el “embate” de las autoridades los capos afirman que han promovido amparos ante los juzgados Cuarto y Quinto en materia de Amparo y Juicios Civiles Federales en el Estado de México
A la fecha, concluyen, sólo se ha procedido contra custodios y personal que vigilaba las cámaras y “no se ha abierto ningún procedimiento a un funcionario del Órgano Administrativo Desconcentrado, y es importante hacer mención al comandante Juan Carlos Ortiz Caldero, funcionario que ya ha sido movido por los fuertes vínculos que tenía con ‘El Chapo’” ya que fue quien lo recibió y de nueva cuenta lo designan como director de Seguridad y Custodia para evitar que declaren en forma libre y espontánea los reos, quienes fueron testigos presenciales de la evasión”, denuncian.
Finalmente y ante la situación, solicitan la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El responsable de la publicación es Rogelio Cristian Soto Guzmán, “autorizado de los quejosos”, además de los mencionados: Sigfredo Nájera Talamantes, Erick Omar Ochoa Flores, Salvador Alfonso Martínez Escobedo, Fernando Sánchez Arellano, George Khory Layon, Mario Cárdenas Guillén, Mario Casarubias Salgado, Mario Armando Ramírez Treviño y Lucio Hernández Lechuga.
Fuente: Proceso
