Del delirio privatizador que caracteriza a gobiernos panistas y priistas no se ha escapado ni siquiera el sistema penitenciario nacional. Además de ser “ilegales” e “inconstitucionales”, la construcción y el control de cárceles por parte de la iniciativa privada han demostrado su fracaso en otros países, dice a Proceso Martín Barrón Cruz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Desde luego, lo anterior no detiene los apetitos empresariales de los Slim, los Vázquez Raña, los Aspe o de los Hank…
Por Rodrigo Vera/ Proceso
“La privatización de las cárceles, que se les están otorgando de manera muy confidencial a los empresarios, es totalmente ilegal porque violenta no solamente la Constitución, sino también los tratados internacionales en la materia firmados por México”, asegura categórico Martín Barrón Cruz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).
Entrevistado en su cubículo de ese centro académico, el especialista agrega: “El Artículo 18 Constitucional estipula claramente que el Estado debe hacerse cargo de las prisiones y de toda la cuestión penitenciaria. Sin embargo, estamos viendo que el Estado evade esa responsabilidad al entregar a la Iniciativa Privada el control de algunas prisiones. Está negando y violentando la Constitución.
“La misma Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que no deben privatizarse las prisiones, cuyo objetivo final debe ser reeducar y reintegrar al reo a la vida social, meta muy contrapuesta a la de la empresa privada, interesada solamente en convertir a los reos en un negocio rentable.”
–¿Qué documentos o convenios de la ONU marcan este lineamiento?
–En 1977, las Naciones Unidas expidieron las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, donde quedó marcado ese camino de la reinserción social, e incluso se acordó corroborar su cumplimiento. En ningún punto se le dio cabida a la empresa privada, precisamente por sus fines de lucro. Desde entonces se adoptaron estas reglas mínimas, que fueron firmadas y ratificadas por México.
“Todavía en una reunión de 2002 realizada por la ONU, se emitió el Informe del grupo de trabajo sobre la administración de justicia, donde se censuró a algunos gobiernos de América y Europa por incumplir los acuerdos pactados al permitir el funcionamiento de cárceles privadas y de esta manera reducir las obligaciones asignadas al Estado”.
Para afianzar sus argumentos, Barrón Cruz busca entre sus archivos puestos en el escritorio, los libreros y la computadora. Encuentra algunas conclusiones de especialistas del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (Ilanud), entre ellas la del encargado de este organismo, Elías Carranza, quien hizo la siguiente consideración: “Sería un grave error tratar de resolver la situación de horror que se vive en los centros de América Latina privatizándolos”.
Barrón Cruz deja sus archivos, se dirige al reportero y declara enfático: “Como puede darse cuenta, los peritos de la ONU coinciden en que la privatización no resuelve los problemas, sino todo lo contrario, los agravan más; las cárceles privadas tienden a ser más violentas que las públicas, la rehabilitación no se cumple, se violan los derechos humanos, aumentan los suicidios y el tráfico interno de estupefacientes sigue dándose.
“Así lo demuestra la experiencia en otros países, como Estados Unidos y Chile. ¡Está comprobadísimo! ¡Demostrado hasta la saciedad! Y pese a ello, en México se empezaron a abrir las cárceles a la iniciativa privada a partir de la pasada administración de Felipe Calderón, proceso que continúa en el actual sexenio”.
—¿Cuántas prisiones están actualmente en manos de la iniciativa privada? ¿Qué empresas las manejan?
—¡No lo sabemos! Toda esa información la tenía en el sexenio pasado la hoy extinta Secretaría de Seguridad Pública federal, y hoy la tiene la Comisión Nacional de Seguridad, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Pero esa información se maneja confidencialmente. No la dan a conocer.
“Obviamente que la comisión debe tener un listado completo de las prisiones no sólo federales, sino también estatales y municipales que ya están manejando algunas empresas privadas, así como otra lista con el nombre de esas empresas”.
—¿Esa comisión, a cargo de Manuel Mondragón y Kalb, es entonces la que concentra toda esa información?
—Sí, como también la tiene la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, que aglutina a todos los directores de las cárceles del país, quienes se reúnen periódicamente para tomar acuerdos sobre las políticas penitenciarias a seguir.
—¿Debe ser confidencial esa información? —se le pregunta.
—No. En mi opinión no debe ser confidencial. Tenemos derecho a saber cuántas cárceles están en manos de la iniciativa privada y qué empresas las están manejando. La autoridad no sólo está violentando la ley, sino que también nos oculta información.
Alta sobrepoblación
carcelaria
Barrón Cruz señala que en el país existen 416 prisiones, diseñadas para albergar a 196 mil 742 internos. Sin embargo, indica, la población carcelaria actual es de 244 mil 960 personas, por lo que hay una sobrepoblación de 48 mil 218 reclusos.
Con base en estos datos, el investigador explica: “Si se tiene una sobrepoblación de más de 48 mil reos, necesariamente se deben construir más cárceles para albergarlos. Es aquí donde el gobierno dice: ‘Esa cantidad de presos te los dejo a ti, iniciativa privada, encárgate de ellos’”.
—¿La lógica es dejarle a la iniciativa privada la sobrepoblación?
—Puede ser la lógica gubernamental. Es muy probable. Aunque falta saber cuántas prisiones planean construirse para esa sobrepoblación, tomando en cuenta que las prisiones podrían ser de, digamos, alrededor de 2 mil 500 internos cada una, por dar una cantidad razonable.
“Y aquí otra vez saltan las interrogantes: quién las va a construir, quién las va a manejar y en qué territorios estarán, porque este punto también es importante. Por lo general las zonas donde se construyen las prisiones se van poblando muy rápidamente, ya sea por las familias de los reclusos, los custodios o del personal administrativo, que requieren de urbanización y de servicios.
“Pongo por caso el megacomplejo carcelario de Puente Grande, Jalisco, donde hay una cárcel federal, otra estatal, una para mujeres y otra preventiva. A esa zona llegó a vivir muchísima población, a la que se le tuvo que dotar de servicios. De manera que, para las empresas que construyen prisiones, la urbanización del entorno puede resultarles un negocio incluso más lucrativo que la cárcel misma”.
Maestro en ciencias penales con especialidad en criminología por el Inacipe, Martín Barrón es conferenciante, imparte cursos y seminarios y es autor de las investigaciones “Una mirada al sistema carcelario mexicano”; “Policía y seguridad en México”, y “Guardia Nacional y Policía Preventiva: dos problemas de seguridad en México”, entre otras.
El 11 de septiembre participó en el foro Perspectivas de la Reinserción Social y de la Privatización del Sistema Penitenciario Mexicano, realizado en el Inacipe y en el que la comunidad académica ya empezó a abordar el tema de las cárceles privadas en el país.
Entre los ponentes estuvieron Luis González Placencia, quien entonces todavía era ómbudsman del Distrito Federal; la subsecretaria del Sistema Penitenciario del Distrito Federal, Mayela Almonte Solís, y los investigadores Daniel Cunjama y David Ordaz.
Barrón aclara: “No es lo mismo subrogar que privatizar las prisiones. Es muy común que en algunas cárceles se subroguen a algunas empresas la lavandería, la cocina u otros servicios. Eso siempre se ha dado. Pero la privatización es muy distinta; implica que desde la construcción, la administración y toda la gestión de la cárcel quede en manos de particulares”.
—Esto se está dando en México…
—Sí, pero ese modelo de prisión fracasó en los países donde se ha implementado. Aquí en México las empresas utilizarán la mano de obra de los reclusos. Sus ganancias saldrán del trabajo carcelario. Y uno se pregunta: ¿cuáles serán los derechos laborales de los reos?, ¿qué salario se les dará?, ¿tendrán reparto de utilidades, primas vacacionales y aguinaldos?
—¿Tendrá que modificarse entonces la legislación laboral?
—Por lo pronto, si ya de entrada se está violando la Constitución, de paso se están violando otras leyes más. Y para colmo, ninguna empresa mexicana tiene experiencia en el manejo de prisiones. ¡Ninguna!
Hank González, en el negocio
El joven empresario Carlos Hank González, presidente del Grupo Financiero Interacciones, ya tiene bajo su mando el Centro de Reclusión Estatal de Ciudad Valles, San Luis Potosí, en el que invirtió mil 200 millones de pesos en asociación con la constructora Ingenieros Civiles Asociados (ICA), de la familia Quintana. Hank también financió dos centros penitenciarios en el Distrito Federal.
Hank González pertenece al llamado Grupo Atlacomulco, al igual que el presidente Enrique Peña Nieto. Es nieto del profesor Carlos Hank González por el lado paterno, y del empresario Roberto González Barrera por el materno. Algunos miembros de su familia –que posee casas de juegos de azar– se han visto involucrados en escándalos por fraudes y acopio de armas.
Carlos Slim, considerado por la revista Forbes como el segundo hombre más rico del mundo, tampoco quiere quedarse atrás en el negocio carcelario. Firmó un acuerdo para participar en la construcción de dos centros penitenciarios: uno en Morelos y otro en Chiapas.
Esta participación la tenía la desarrolladora de vivienda Homex, que decidió vendérsela a Grupo Financiero Inbursa y a Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina (IDEAL), ambas de Carlos Slim.
El magnate Olegario Vázquez Raña, dueño del periódico Excélsior y de los hospitales Ángeles, también está metido en el negocio a través de su empresa Promotora y Desarrolladora Mexicana (Prodemex), que construye penales en Durango y Michoacán.
Por su parte ICA –que dirige Alonso Quintana– ya construyó el Centro Federal de Readaptación Social número 11, en Sonora, regido por el esquema empresarial Proyectos de Prestación de Servicios (PPS).
Algunas compañías más que intervienen en el negocio son Tradeco, Arendal, La Nacional y La Peninsular, entre otras. Construyen prisiones federales y estatales en el Distrito Federal, Coahuila, Chiapas, Durango, Morelos, Guanajuato, Sonora, Michoacán…
Y Pedro Aspe Armella –mentor del Grupo Atlacomulco y quien fue secretario de Hacienda en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari– se encarga de diseñar proyectos de inversión carcelaria a través de su empresa Protego Asesores (Proceso 1906).
El proyecto de privatizar las prisiones arrancó en el sexenio anterior y estuvo a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP). Hace cuatro años, el entonces subsecretario del Sistema Penitenciario Nacional de esa dependencia, José Patricio Patiño Arias, declaró a Proceso que el plan era construir para los reos del orden federal “por lo menos 45 mil nuevos espacios, que conseguiremos mediante la ampliación de nuestras instalaciones, pero sobre todo de la construcción de 12 nuevos penales, que levantarán empresas privadas confiables y solventes”.
El esquema –dijo– consistía en que las empresas privadas construyeran las prisiones y luego las administraran por un periodo de unos 20 años, al término de los cuales se entregarían al gobierno federal, como en el caso de las autopistas concesionadas. Advirtió que, por motivos de seguridad, a las empresas se les entregarían las prisiones por “adjudicación directa” y no mediante concurso (Proceso 1704).
Ya en este sexenio, Modragón y Kalb se hizo cargo de las prisiones federales y continuó el proyecto calderonista. En marzo pasado reveló que a la iniciativa privada se le encargó la construcción de ocho cárceles; dos ya estaban terminadas y seis en construcción.
Elogió así las ventajas de la prisión privada: “Las fallas son tan poco sensibles que no se conocen. En ningún caso hay autogobierno ni manejo interno de estupefacientes ni violaciones a los derechos humanos”.
Y adelantó que, aparte de los ocho centros penitenciarios federales ya otorgados, se le pediría a la iniciativa privada la construcción de otros 10.
Martín Barrón comenta al respecto:
“Al comisionado le falta informar a qué empresas se les están dando las cárceles y qué capacidad tendrá cada una de ellas, entre otros puntos. Y es falso eso de que en las prisiones privadas no se violan los derechos humanos. También está por verse la reacción de los grupos del narcotráfico que controlan muchos penales. No creo que se vayan a quedar con los brazos cruzados”.
Explica: “Se justifica el esquema de estas cárceles con el de las carreteras concesionadas a la iniciativa privada, que después de ser explotadas por años se las darán al Estado. Pero en toda mi vida jamás he visto que una carretera concesionada se entregue al gobierno. Igual puede ocurrir con las prisiones; los empresarios ampliarán una y otra vez los plazos de entrega con el argumento de que aún no recuperan sus inversiones.
“Hay una situación muy preocupante en el trasfondo de todo esto: no está clarificado qué tipo de sistema penitenciario nacional es el que se quiere. ¿Uno mixto, donde coexistan las cárceles públicas con las privadas y las subrogadas? ¿Uno más privatizado, donde tenga preponderancia el sector empresarial y la explotación de la mano de obra carcelaria…? No lo sabemos”.
—¿Es novedoso este esquema?
—¡No! ¡Todo lo contrario! En el siglo XIX, durante el proceso de industrialización, a los primeros a quienes se explotó laboralmente fue a los presos, por ser una población cautiva. Se dio el fenómeno de las llamadas “cárceles-fábrica”, que quedó bien documentado. El esquema ya existió hace dos siglos. Podríamos decir que nuestras autoridades penitenciarias son retrógradas en ese sentido.
Fuente: Proceso
