Tan sólo un mes después de haber sido nombrada por el Congreso de Baja California como primer fiscal Especializada en el Combate a la Corrupción en la entidad, Elizabeth Ojeda Mayoral renunció a su cargo. La ahora ex funcionaria explicó que lo hizo por carecer de infraestructura, recursos y personal para realizar esta encomienda constitucional.
En una carta enviada al presidente del Congreso local, el morenista Víctor Morán, fechada el miércoles 29 de enero, expuso que “a pesar de que recibí apoyo, simpatías y promesas, las realidades de crear la infraestructura, reclutar personal técnico y administrativo ha sido una tarea agotadora sin que hasta el momento se vislumbre a corto plazo la posibilidad de iniciar las actividades propias de la fiscalía”, agrega en su carta de renuncia.
Ojeda Mayoral refirió las vicisitudes por las que atravesó en su corto período al frente de este organismo autónomo para “echar a andar desde cero” a la Fiscalía, donde se percató la precaria situación patrimonial para levantar desde sus cimientos a una institución de esta naturaleza.
Durante los 40 días que laboró en esta entidad pública, Ojeda deambuló por los cinco municipios de la entidad con la fiscalía bajo el brazo y con un abogado como asistente, ya que careció de oficina propia.
En Baja California, a diferencia del ámbito federal, la fiscalía anticorrupción es un organismo autónomo, sin vínculos con la Fiscalía General del Estado, aunque en la reforma constitucional se omitió dotarle de personalidad jurídica y patrimonio propios.
Designada el 20 de diciembre de 2019 por el voto de los 23 legisladores presentes en la sesión en la sala “Benito Juárez”, la abogada Elizabeth Ojeda resultó electa de una terna que envió el gobernador Jaime Bonilla, la cual estuvo integrada también por Javier Enrique Sánchez Serrano y Humberto Valdez.
Esa fiscalía especializada es la responsable de investigar delitos cometidos por servidores públicos y, en este caso, le corresponde armar las carpetas de investigación de las denuncias por corrupción presentadas en contra del exgobernador Francisco Vega de Lamadrid y al menos seis integrantes de su gabinete.
Una de esas denuncias es por el quebranto patrimonial de mil 200 millones de pesos por el uso de facturas falsas en contratos fantasmas con empresas inexistentes, cuyos recursos además se convirtieron en deuda pública por empréstitos con la banca comercial, de acuerdo al recurso presentado por el secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano.
Finalmente, en su misiva, la ahora exfiscal consideró que primero se debe crear la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y después nombrar al fiscal, y manifestó que presentó su renuncia irrevocable para no quedar mal con la confianza del gobernador Jaime Bonilla ni con el Poder Legislativo.
Fuente: La Jornada
