Por Luis Javier Valero Flores
Los más recientes acontecimientos ocurridos en la región de Tierra Caliente de Michoacán -aunque no solamente- deben llevarnos a la reflexión, y a las autoridades a un inevitable giro en sus estrategias y programas de la seguridad pública.
Y esto aplica para nuestra entidad.
Nadie podría negar que la cresta de violencia y criminalidad del período 2008-2011 ha disminuido en el estado; pero mantenemos, aún, cifras preocupantes y situaciones que necesariamente deberán afrontarse con estrategias distintas a las hasta ahora aplicadas.
El total de los índices delictivos disminuyó en 2013 -insistimos, de manera contraria a lo sucedido en la mayor parte del país, en donde se aplica prácticamente el mismo modelo que en Chihuahua- pero, contrariamente a la curva claramente descendente de los homicidios, el resto de los delitos de alto impacto, con altibajos, si bien bajaron, se mantienen, de manera alarmante, prácticamente en la misma línea que en 2012.
Tales afirmaciones se derivan de la estadística presentada por Observatorio Ciudadano, con cifras hasta el mes de septiembre de 2013 -con base en la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado- en las que muestran, en el estado, una disminución en el promedio mensual, de los homicidios respecto del mismo período del 2012, ya que en ese año se presentaron 168 y al siguiente, 128.1.
Lo mismo ocurre con el robo de vehículos, pues pasaron de mil 113 en 2012, a 814 en 2013, igualmente, en promedio mensual hasta los meses de septiembre de ambos años.
No ocurre lo mismo con el robo a casa habitación y el robo a comercio. En el primer caso ocurrieron 277.7 en 2012, por 275.2 el año anterior. Y el robo de comercio sufrió un muy ligero incremento al pasar de 163.7 a 166.8 mensuales.
Sin embargo, un reciente estudio, efectuado por Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, que dio a conocer Revolución 3.0, (Aristegui Noticias, 11/I/14) dentro de la lista de los 205 municipios en los que “el Estado mexicano está ausente o ha sido rebasado por poderes paralelos como el crimen organizado”, se encuentran 16 municipios de Chihuahua.
En ellos, dice el organismo ciudadano, “existe una elevada incidencia de asesinatos, o impunidad en las averiguaciones previas, u operan grupos fuera de la ley, o también ocurren desapariciones forzadas de personas, entre otras situaciones que implican fallas del gobierno”.
La lista de los municipios chihuahuenses clasificados de tal manera son: Balleza, Batopilas, Bocoyna, Chínipas, Cusihuiriachi, Guachochi, Guadalupe Distrito Bravos, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Juárez, Morelos, Moris, Ocampo, Práxedis (sic, probablemente se refieran a Praxedis G. Guerrero), Urique y Urachi.
Sorprende que localicen en tal calidad, aún, a Juárez, localidad en la que ha disminuido más notoriamente la incidencia homicida y la percepción ciudadana sobre la seguridad ha mejorado ostensiblemente.
Pero no deja de llamar la atención que el resto de los municipios, salvo los del Valle de Juárez, estén ubicados en La Tarahumara, y si bien esta región chihuahuense no se asemeja a la Tierra Caliente de Michoacán, sí comparten el hecho de que bandas del crimen organizado han afectado ostensiblemente la vida de las comunidades asentadas allá, hasta el grado de originar cientos -quizá miles- de versiones acerca del control ejercido en esas zonas por las bandas.
Precisamente por esas circunstancias es que, de distintos orígenes, se ha planteado que esa zona es una en las que sí podría plantearse la necesidad de aplicar una estrategia distinta, con la incorporación de cientos, quizá miles de elementos policiacos y militares, a fin de que restablezcan la normalidad de la zona, con pleno respeto a los derechos humanos y la legalidad.
Pareciera paradójico que, justamente quienes se han opuesto al uso del ejército en tareas policíacas planteen que sí intervenga en algunas regiones. Pero lo debiera hacer bajo esquemas totalmente contrarios a la manera en que lo ha hecho en muchos momentos, uno de los cuales, precisamente, es el ocurrido en la noche del lunes en la localidad de Antúnez, Mich.
¿A quién se le ocurrió que todo un pueblo, armado para defenderse de los delincuentes, esté dispuesto a desarmarse ante la sola llegada de las fuerzas militares?
Y vaya que no hay nada más paradójico que lo ocurrido en aquella zona del país: Que miles de ciudadanos decidan armarse y que acepten la llegada de las fuerzas armadas. Que, además, estén dispuestos a desarmarse.
Claro, dicen, después de que hayan detenido a todos los jefes criminales.
Por eso, antes de ir al remojo, actuar.
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