Esta semana será clave para el mercado de la mariguana en Uruguay. Tras haber logrado en diciembre último su aprobación en el Congreso, el Gobierno se prepara para presentar la reglamentación de la ley que por primera vez en el mundo permitirá al Estado la regulación del mercado de la cannabis.
En entrevista con Reforma, Julio Calzada, secretario general de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, explicó en qué consisten esas reglas.
“Con el dinero que se obtenga se financiarán actividades de prevención, atención y tratamiento a los usuarios”, resaltó Calzada de la JND, el organismo dependiente del Poder Ejecutivo encargado de diseñar toda la reglamentación, que luego será decretada por el Presidente José Mujica.
Según la JND, en Uruguay, país con una población de 3.3 millones de personas, hay unos 150 mil consumidores regulares de mariguana.
Éstos podrán acceder a la planta a través de su compra en la red de farmacias, donde se permitirá vender hasta 40 gramos por mes por usuario; del autocultivo, con hasta 6 plantas por vivienda; o en clubes cannábicos, que podrán tener entre 15 y 45 miembros y hasta 99 plantas.
El Gobierno estima que las ganancias, que se extraerán de un complejo sistema no impositivo, estarán en torno al 30 por ciento del volumen del mercado.
¿El Estado estará a cargo del cultivo?
El Estado tendrá toda la supervisión a través del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), pero no va a plantar, distribuir ni vender la hierba con funcionarios públicos.
Quienes plantarán serán productores rurales o empresas licenciatarias, además de los cultivadores individuales o en clubes de mariguana para consumo personal.
¿Se estudia la posibilidad de que se cultive mariguana en predios militares?
Es un aspecto que está en estudio, pero en ningún caso implica que sean los militares quienes se dediquen a plantar, cosechar y distribuir la mariguana.
¿Cómo será la venta de mariguana a través de las farmacias?
Las farmacias que quieran venderla podrán hacerlo después de un registro y autorización.
Sólo podrán vender 40 gramos por mes a cada usuario, probablemente en dosis máximas semanales.
Los usuarios que quieran comprar mariguana (mayores de 18 años) también tendrán que estar registrados y deberán presentar en las farmacias una tarjeta que los autorice.
¿Cuál esperan que sea la reacción de las bandas narcotraficantes que hoy venden mariguana?
Hay muchas hipótesis, pero la realidad de las organizaciones criminales en Uruguay es significativamente diferente a la de México; no hay grandes cárteles narcotraficantes, no hay monopolios de zonas o rutas; es otra realidad.
Aquí son pequeñas organizaciones familiares que actúan localmente y con un volumen pequeño. Hoy no tenemos indicios de que vayan a intentar sabotear este experimento, pero estamos tomando medidas para minimizar riesgos.
El Presidente Mujica ha señalado que el objetivo de esta ley es reducir la violencia relacionada con el narcotráfico, ¿pero qué sucedería si en un periodo de cinco años no bajan los índices?
El Presidente ha sido muy enfático en que vamos a monitorear y evaluar todo el proceso. En caso de que haya que hacer modificaciones, las haremos.
De aquí a 10 años este Gobierno será parte de la historia y quedará en manos de otros gobiernos cómo se manejan de acuerdo a los resultados que haya hasta entonces.
Lo que tenemos muy claro es que la política de lucha al narcotráfico de los últimos 50 años no produjo los resultados que se pretendía. Hay que animarse a cambiar los paradigmas.
¿Hay presencia de narcotraficantes mexicanos en Uruguay?
Ya hemos tenido ciudadanos mexicanos procesados por participar en actividades de narcotráfico, pero sobre todo al tráfico internacional de cocaína.
Si el tráfico de mariguana deja de ser un negocio en Uruguay, el país será cada vez menos atractivo para los criminales.
¿Mayor riesgo de este experimento?
El mayor riesgo es la soberbia, pensar que con esta ley vamos a cambiar todo.
La ley de la mariguana tiene que ir acompañada de otras políticas públicas tendientes a la reducción de la pobreza, a la creación de oportunidades de trabajo; políticas de seguridad contra el crimen; de salud para la prevención y el tratamiento adecuados de usuarios.
Tampoco creemos que sea un camino que todos los países deban tomar.
Fuente: Reforma
