Por Peter Orsi
El primer día de clases pareció desarrollarse con total normalidad en la escuela primaria Patria Libre. Niños con uniformes y mochilas nuevas, con sus personajes de historietas favoritos –Dora la Exploradora, Hello Kitty, las heroínas de “Frozen”– se reencontraron con sus compañeros y entonaron el himno nacional.
En Oaxaca, sin embargo, eso dista mucho de ser un día normal. Después de todo, es un estado en el que las huelgas y protestas de los maestros hicieron que los niños se perdieran 50 de los 200 días de clases el año pasado, según las autoridades nacionales.
Año tras año, maestros descontentos bloquean carreteras y aíslan refinerías de petróleo. Los residentes de la capital le han tenido que escapar a pedradas de los manifestantes y a los gases lacrimógenos que emplea la policía en sus enfrentamientos con los educadores. La plaza colonial de la ciudad, una de las más pintorescas de México, a menudo está llena de carpas de manifestantes y no de turistas.
“Cada ano ha habido paro… Yo he visto el retraso en mis hijos que hemos tenido que apoyarlos en casa para que los niños aprendan”, comentó Claudia Rodríguez Sosa, de 33 años y quien tiene tres hijos en edad escolar.
Algunos padres aseguran que los maestros amenazan con reprobar a sus hijos si no apoyan a su sindicato, que exige desde mejores sueldos hasta la renuncia de un ex -gobernador.
Las cosas, no obstante, parecen estar cambiando en el último bastión de los maestros más radicalizados con la entrada en vigor de una reforma educativa nacional promovida por el presidente Enrique Peña Nieto.
La reforma aprobada el año pasado buscaba arrebatar el control de las escuelas mexicanas a sindicatos que a menudo decidían las contrataciones, los despidos y las promociones. En muchas ciudades las plazas eran vendidas o incluso heredadas.
Las autoridades afirman que miles de maestros inexistentes recibían sueldos y el gobierno admitió que no sabe cuántas escuelas supervisa.
El principal sindicato nacional acató la reforma después de que la figura que lo encabezó por años fue detenida y acusada de corrupción.
De todos modos, hay todavía sectores radicales en Oaxaca y otros estados que resisten la reforma y la exigencia de que los maestros rindan exámenes para comprobar sus aptitudes.
A fines de julio el gobernador de Oaxaca Gabino Cué se apuntó una gran victoria política al quitarle a la poderosa filial sindical conocida como Sección 22 el control del instituto educativo estatal, en el que manejaba el 80% de los puestos.
Unos 300 empleados leales al sindicato fueron despedidos del instituto, que es manejado ahora por personas designadas por el gobierno y tiene guardias las 24 horas del día.
El instituto puede rebajar salarios e incluso despedir a maestros con más de tres ausencias injustificadas, lo que reduce las posibilidades de Sección 22 de lanzar huelgas prolongadas.
“Te puedes manifestar, pero siempre y cuando no trastoques el derecho”, dijo el nuevo director del instituto, Moisés Robles.
“Tendrán que inventarse los mecanismos de marchar en la madrugada, en los fines de semana, a contraturno”, agregó.
Las autoridades dicen que casi todas las escuelas de Oaxaca comenzaron a funcionar en las fechas indicadas y que no se han registrado mayores problemas en las dos primeras semanas del ciclo lectivo. Pero el sindicato, que en el 2006 generó un caos en Oaxaca durante seis meses de protestas, afirma que la resistencia continuará.
Los líderes sindicales sostienen que el problema de fondo es la falta de recursos en las escuelas de menor rendimiento académico de Oaxaca y que la reforma no hace nada para mejorar la situación de localidades pobres donde los niños estudian en locales de madera con techos de zinc y a menudo hablan poco español.
Los maestros admiten que ha habido algunos abusos, pero afirman que también los ha habido en otros estados.
“La corrupción permea en todos partes, pero no es asunto de la sección”, expresó Anabel Aguilar Ibáñez, maestra de tercer grado.
Agregan que alertan a los padres antes de ir a una huelga y que tratan de recuperar el tiempo perdido.
Eso, de todos modos, implica que las familias tienen que buscar a alguien que cuide a sus niños los días de huelga y enviar a los pequeños a la escuela en días en que no deberían asistir.
“A los que nos perjudican es a los niños porque no aprendemos nada, y los padres, porque no tienen tiempo para estarnos cuidando”, declaró Jonatan Contreras, alumno de sexto grado de Patria Libre, una escuelita que consiste en varias aulas de techo plano construidas alrededor de un patio, cuya biblioteca es un salón con olor a humedad, libros ajados y filtraciones en el techo.
“Pero sí nos ponemos clases, ¿no?”, comenta su maestro.
“Uh-huh, nos ponemos clases a veces por media hora más, o si no pues alargamos un poquito el ciclo escolar”, indicó Contreras.
Todavía quedan unas 75 carpas en la plaza, donde se mantiene una protesta frente a las oficinas de Cué en el elegante Palacio de Gobierno. Y Sección 22 ha exhortado a sus partidarios a resistir lo que describe como la “embestida de este gobierno nefasto”.
“Si la pretensión es despedir a 83.000 trabajadores, bueno, pues que lo hagan”, afirmó Francisco Villalobos, el número dos del sindicato. “Y vamos a tener un serio conflicto, ¿no?”.
Fuente: AP
