Por Víctor M. Quintana S.
Bote, pactos y reformas antipopulares. Esta es la fórmula del gobierno dron de Peña Nieto. Es decir, tripulado a control remoto por Estados Unidos y los grandes intereses económicos de México. Se sienta a pactar con la partidocracia; encarcela a la Gordillo, dejando intacto el sistema de corrupción en el SNTE, y arremete contra los derechos laborales del magisterio; entrega los recursos energéticos del país al extranjero, y saca adelante una reforma política que beneficia en primer lugar al sistema de partidos –mejor dicho, a los partidos del sistema–, e impide el ejercicio de la soberanía popular mediante el referéndum en cuestiones decisivas para el país.
Ahora pretende utilizar la captura de Joaquín El Chapo Guzmán como base de legitimidad para lanzar su reforma del campo. No es que se le reste importancia a la captura del capo, pero no hay que olvidar que, como en el caso de la Gordillo, no se ven acciones decisivas y comprometidas para desmantelar la red de complicidades y corrupción dentro del Estado y del mercado que permite la persistencia de los múltiples negocios que opera el crimen organizado. El que ahora ocupe los titulares la disputa por El Chapo entre la PGR y los fiscales estadunidenses no asegura que el capo vaya a proporcionar la información que unos y otros quieren, ni que se la compartan entre ellos.
Volviendo a la reforma del campo, el gobierno cuyas armas se acaban de cubrir de gloria está ya desempolvando los óleos de Zapata e invitando a todas las organizaciones campesinas para el gran acto –aderezado con sombreros, botas y huaraches– en el que se dará el banderazo de salida a la reforma peñanietista a lo que resta del agro mexicano. El próximo miércoles 5 de marzo, para más señas, estarán con Peña y el gabinete agropecuario las organizaciones que siempre forman parte del caldo del gobierno, como la CNC y las que llamándose independientes llegan a engordar el caldo con tal de sacar apoyos para subsistir.
Pactar otorgando privilegios a las cúpulas, reformar para agudizar las políticas de exclusión y de concentración de la riqueza: por ahí irán el proceso y el desemboque de la reforma del campo. Si Peña y los suyos quieren de veras reformar el campo tienen que mostrar primero su compromiso resolviendo los problemas urgentes que en él se están presentando, a los que han hecho sistemáticamente oídos sordos.
Sólo por mencionar algunos: los productores de maíz de Nayarit, Jalisco y otros estados han realizado acciones para exigir que se les pague cuando menos 4 mil 800 pesos por tonelada, pues los acaparadores les compran a 2 mil 800 y revenden a molineros a más de 5 mil. Y mientras las comunidades indígenas de Guerrero padecen hambruna por la falta de grano, el gobierno federal subsidia exportaciones de maíz a varios países. Los bajos precios internacionales perjudican a productores, no benefician a consumidores sino a intermediarios.
Los productores de frijol de Zacatecas, Durango y Chihuahua, sobre todo, reclaman también precios justos por la leguminosa y apoyos directos a la comercialización, mientras el gobierno federal sigue permitiendo la importación que derrumba los precios y la Financiera Rural entrega los créditos no a las empresas campesinas, sino a los coyotes y grandes acaparadores que siguen encareciendo este alimento básico en los puntos de venta al público.
Por otro lado, la CFE continúa practicando cortes de energía a los pozos agrícolas de los productores que no pueden pagar por el empecinamiento de la paraestatal a cobrar el kilovatio/hora a precios que sacan de cualquier competencia a quienes cultivan en condiciones de aridez o semiaridez.
En Chihuahua los manzaneros realizaron el miércoles 26 la más importante movilización de su historia. Confundidos grandes, medianos, pequeños productores y jornaleros agrícolas se manifestaron contra la cerrazón del gobierno para escuchar sus demandas y la apertura de las fronteras a la manzana gringa vendida por debajo del costo de producción. Por ello se están perdiendo más de 100 mil toneladas de la fruta, 35 mil empleos y 8 millones de jornales. Hay que decir que la mayoría de esos jornales benefician a las comunidades rarámuris. No puede decirse que se lleva a cabo una cruzada contra el hambre cuando al mismo tiempo se priva a la gente del trabajo digno para acabar sin beneficencia con esa misma hambre.
Y así podríamos recorrer toda la geografía nacional. La constante en el campo es el despojo: de las cosechas, de los territorios, del agua, de los recursos naturales. Y la reforma que ahora lanzará Peña Nieto no marcará una inflexión en este dramático proceso, antes bien, lo intensificará. Por las vísperas se conocen los días: si ninguna de las reformas hasta ahora aprobadas ha incrementado el poder adquisitivo y la libertad de organización de los trabajadores; si tampoco se ha fortalecido el dominio de la nación sobre sus recursos estratégicos; si no se han reforzado la soberanía del pueblo en los asuntos públicos ni las formas sociales de propiedad y regulación de los poderes, ¿por qué esperar que la reforma del campo vaya en sentido contrario?
Si en 2004, el movimiento El campo no aguanta más logró arrancar al gobierno un Diálogo Nacional por el Campo y un pacto farragoso que reflejaba sus principales demandas, pero no logró que lo sustancial de éstas se cumplieran, ¿por qué habría ahora de cambiar el rumbo excluyente y concentrador de la política agraria y agropecuaria el gobierno de Peña Nieto cuando tiene todo el apoyo de sus dronadores en Washington y en los corporativos de los grandes agronegocios? ¿No es iluso pensar arrancarle reivindicaciones importantes con un movimiento campesino dividido y en parte cooptado?
Si el gobierno de EPN quiere dialogar, si quiere pactar, que primero muestre su voluntad efectiva de revertir las reformas en el campo de su predecesor e inspirador Salinas. Tener a El Chapo en el penal del Altiplano no basta. El narco vino a cosechar las condiciones de violencia en el campo, pero las políticas neoliberales las sembraron.
