A pocas horas de que en la Cámara de Diputados se discutan las modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones, organizaciones de la sociedad civil alertaron: el dictamen es un retroceso y beneficiará solamente a los intereses de los concesionarios de radio y televisión y al PRI, al PVEM y al PAN, frente a los próximos procesos electorales.
Organizaciones civiles denunciaron que la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radio Difusión menoscaba derechos de la población en general y favorece los intereses de los consorcios de comunicación. En conferencia de prensa previa al inicio de la discusión del dictamen que se presentará en el pleno de la Cámara de Diputados representantes de 16 grupos organizados advirtieron que el cambio en la norma, “se hace con la anuencia de los dirigentes del PRI, PAN y Partido Verde; están vendiendo los derechos de la sociedad mexicana a cambio de los favores de las televisoras y grupos de radios comerciales, otorgándoles a particulares privilegios indebidos en contra del interés común.
La AMEDI, ANDA, AMRC, Artículo 19, Comunicación Comunitaria, el Poder del Consumidor, Fundar, Observatel, entre otros organismos civiles anunciaron que si progresa la aprobación del dictamen conocido como “ley Televisa-Anaya” se propondrá a los partidos que votarán en contra, una controversia constitucional para echar abajo los siguientes cambios:
Reforma al artículo 256, por la cual se elimina el mandato de que el servicio público de radiodifusión deba presentarse en condiciones de competencia y calidad y de que a través de sus transmisiones brinde los beneficios de la cultura, preservando la pluralidad y la veracidad de la información; se deja a voluntad de concesionarios aportar elementos para distinguir con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta. “Este derecho (vigente al día de hoy), que constituye un precepto ético, protege a las audiencias al proporcionales elementos para valorar adecuadamente los mensajes que reciben, al tiempo que mejora la práctica periodística evitando que los sesgos y subjetividad del presentador modifiquen el sentido de información noticiosa”.
Otro cambio relevante que los diputados aplicarán a la ley, es la eliminación que tienen los concesionarios para distinguir la publicidad de la información.
El grupo de representantes de ONG’s que se presentaron en San Lázaro documentó las anomalías legales que afectarán el interés público en materia de información y publicidad, pues se “eliminan como derechos de las audiencias todos los que se derivan de la ley Federal de Telecomunicaciones y Radio Difusión y no están incluidos expresamente en el artículo 256, con lo cual quedarían sin efecto las líneas de acción establecida para que los contenidos respeten el interés superior para la equidad de género”.
La reforma en entredicho elimina atribuciones de supervisión, vigilancia y sanción que actualmente tiene el Instituto Federal de Telecomunicaciones, entregándole a los concesionarios la atribución de autorregularse, es decir, en el terreno de la defensoría de las audiencias los concesionarios elegirán libremente a su defensor de las audiencias, sin que se posible establecer requisitos que eliminen el conflicto de interés.
Con ello las defensorías designadas por los concesionarios se regirán exclusivamente por lo dispuesto en los códigos de ética expedidos libremente por ellos mismos.
Fuente: La Jornada
