El PRI cumplió su advertencia y promovió una acción de inconstitucionalidad para impugnar la obligación de someter a ratificación del Senado los nombramientos del Comisionado de Seguridad Nacional y el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que PAN y PRD impusieron como condición para avalar reformas a la estructura del gobierno propuestas por el Presidente Enrique Peña Nieto.
La acción, firmada por 172 diputados del PRI, fue presentada el 17 de enero ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde fue turnada al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, según notificación publicada el 22 de enero.
El tricolor pidió a la Corte declarar la invalidez de cuatro partes del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, incluido el último párrafo de dicho artículo, que es el que contiene la obligación de que los nombramientos de los funcionarios mencionados sean ratificados por el Senado.
En casos previos, el Pleno de la Corte ha establecido con claridad que este tipo de ratificaciones del Legislativo sobre funcionarios del sector central de la Administración Pública tienen que estar previstas expresamente en la Constitución, pues de lo contrario se viola la separación de Poderes y las facultades del Ejecutivo para designar a sus subordinados.
Los diputados también pidieron a la Corte invalidar las fracciones XII y XXX del mismo artículo.
La primera obliga al Secretario de Gobernación a comparecer cada 6 meses ante las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública del Senado, para presentar la política en materia de combate al crimen, y la segunda, ordena al mismo funcionario informar al Poder Legislativo sobre asuntos de seguridad nacional, y comparecer cada seis meses ante la Comisión Bicameral en esa materia, prevista en la Ley de Seguridad Nacional.
La Corte no tiene plazo para resolver la acción, aunque podría hacerlo con relativa rapidez, pues existen precedentes sobre el tema.
Para declarar la invalidez, será necesario el voto de al menos ocho de los once ministros.
Hasta ahora, Peña Nieto no ha tenido necesidad de someter el nombramiento de Manuel Mondragón como Comisionado a la ratificación del Senado, gracias a una maniobra legal por medio del Reglamento Interior de Gobernación.
El 4 de enero, el Ejecutivo publicó una reforma a dicho Reglamento, por la que se otorgaron al Subsecretario de Planeación y Protección Institucional, puesto que ocupa Mondragón, todas las facultades que la Ley Orgánica prevé para el Comisionado.
Estas incluyen todo lo relativo a tareas de seguridad pública y nacional, política criminal, mando de la Policía Federal, presidencia de la Conferencia Nacional de secretarios de Seguridad Pública, auxilio a autoridades estatales, municipales, PGR y Poder Judicial, política penitenciaria, prevención del delito, inteligencia, y demás que estuvieron concentrados en extinta Secretaría de Seguridad Pública durante doce años.
Fuente: Reforma
