Los rectores de las Universidades Iberoamericana (Ibero) campus Ciudad de México, David Fernández; Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, y de Guadalajara (UdeG), Tonatiuh Bravo Padilla, se unieron a las exigencias de académicos y organizaciones no gubernamentales para que el Senado de la República no apruebe el dictamen de Ley de Seguridad Interior.
En un desplegado, los rectores advirtieron que la aprobación de la Ley en los términos en que fue avalada por la Cámara de Diputados repetiría el “fallido” patrón en materia de seguridad con consecuencias imprevisibles para los derechos humanos en general.
En ese sentido, hicieron un llamado a la Cámara alta para que convoque a un diálogo nacional “amplio e incluyente” que privilegie las evidencias y las “lecciones aprendidas” en la materia, sobre todo que se escuche a las víctimas.
“Esta ley debe discutirse en un contexto más amplio que permita revisar la política de seguridad del Estado Mexicano en su conjunto, evaluando el desempeño de las autoridades civiles, las cuales por mandato constitucional son las responsables de la seguridad pública”, se lee en el desplegado.
Esta es la primera vez que, durante la discusión de la ley, los rectores de universidades expresan abiertamente su rechazo al dictamen. Por separado y de manera individual ya lo habían hecho académicos e investigadores de la UNAM, Ibero, Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Colegio de México (Colmex) y el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), entre otros.
El Senado de la República también recibió una comunicación de la diputada Evelyne Gebhardt, integrante del Parlamento Europeo, quien manifestó su preocupación por los “eventuales retrocesos en transparencia y acceso a la información y por no garantizar un control democrático –legislativo y judicial– del uso de la fuerza”.
De acuerdo con la eurodiputada, “los graves problemas de inseguridad, delincuencia y violencia” que vive México son ampliamente conocidos internacionalmente, como lo es también “la corresponsabilidad de la comunidad internacional en problemas como el combate a la delincuencia organizada”, pero “la adopción de la Ley de Seguridad Interior no es la solución idónea frente a estos problemas”.
Tras señalar que la ley incumple con recomendaciones que organismos internacionales de derechos humanos han hecho a México, Gebhardt sostuvo que la experiencia internacional es clara al marcar como “inapropiado” mantener un mando militar en tareas de seguridad pública.
“En el caso de México, se ha demostrado además que el despliegue militar para combatir la delincuencia organizada no sólo no ha llevado a un decremento de la violencia, sino por el contrario, ha resultado en más violaciones a los derechos humanos al tiempo que los homicidios no descienden”.
Y apuntó que no sólo expertos nacionales e internacionales coinciden en que “las tareas de seguridad pública no competen a las autoridades militares sino a las civiles”, pues ha sido el propio secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quien lo ha aceptado.
“Antes que una Ley de Seguridad Interior que regule las operaciones de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, se necesita avanzar en el fortalecimiento del Estado de derecho y, como parte de esto, en el fortalecimiento y la profesionalización de las policías civiles”, recomendó Evelyne Gebhardt.
Por separado, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertaron sobre los riesgos de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior y exhortaran a los legisladores a realizar “una deliberación amplia, honesta e inclusiva que atienda de manera efectiva los múltiples señalamientos formulados, en el marco del respeto a la dignidad humana”.
Hasta ahora suman diez los organismos públicos que han respaldado el comunicado conjunto emitido por la ONU-DH y la CNDH esta mañana, en el que demandaron a las Comisiones dictaminadoras de la Cámara alta que dejen a un lado la votación del proyecto de ley y convoquen a “un diálogo nacional sobre el modelo de seguridad en México bajo un esquema que, sin inhibir la actuación legítima del Estado, preserve y garantice los derechos fundamentales de las personas”.
El pronunciamiento fue apoyado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
Se sumaron las Comisiones de Derechos Humanos de Veracruz, Nuevo León, Yucatán, Jalisco, Aguascalientes, Baja California, Campeche y Michoacán, así como la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
Fuente: Apro
