Tras su inspección a México, la CIDH sostuvo: “la falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que perpetúa y en ciertos casos impulsa la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos”
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) informó que México vive una “grave crisis de derechos humanos”, caracterizada por una situación extrema de violencia, inseguridad, pobreza, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada e impunidad.
Ante casos como Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato, el Estado ha respondido con deficiencias, falta de justicia, irregularidades que han terminado en más violaciones a derechos humanos, afectando así a las víctimas o sus familiares, así como a sobrevivientes, sostuvo la CIDH.
“La Comisión Interamericana constató en terreno la grave crisis de derechos humanos que vive México, caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia; graves violaciones, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares”, concluyó el órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
“[El efecto de esta violencia y las violaciones a los derechos fundamentales] es especialmente grave y desproporcionado sobre personas en situación de pobreza, las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y desplazados internos, mujeres, niños, niñas y adolescentes, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, pueblos indígenas, personas lesbianas, gay, bisexuales y trans (LGBTI), entre otros”, dijo Rose-Marie Belle Antoine, presidenta de la CIDH.
La funcionaria internacional advirtió además que la violencia contra familiares de víctimas, defensores y defensoras de derechos humanos y contra periodistas “es ejercida con el objetivo de silenciar las denuncias y el reclamo de verdad y justicia, y perpetuar la impunidad para las graves violaciones a los derechos humanos”.
Belle Antoine citó a un funcionario de México que tuvo un encuentro con la delegación de la CIDH: “A los mexicanos nos hacen falta verdades sobre nuestra propia historia y sobre nuestras propias tragedias’”.
Ante los cuestionamientos sobre si habrá más comisiones especiales para atender casos como Apatzingán, Tanhuato, entre otros, los representantes del órgano internacional aseguraron que no lo han planteado y también expusieron que cuentan con recursos limitados para generar tantos grupos de trabajo.
Uno de los temas que destacaron durante la conferencia de prensa fue la posibilidad de crear comisiones anticorrupción o de investigar a funcionarios señalados por violar derechos humanos, a lo que CIDH respondió que “hay una posibilidad, pero no es el momento”.
Desde el pasado lunes una delegación de la CIDH comenzó encabezada por su presidenta Rose-Marie Belle Antoine, e integrada por el primer vicepresidente, James Cavallaro, el Comisionado Felipe González y las comisionadas Tracy Robinson y Rosa María Ortiz, el Secretario Ejecutivo, Emilio Alvarez Icaza Longoria, la secretaria ejecutiva adjunta, Elizabeth Abi-Mershed y el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, visitaron la Ciudad de México, y los estados de Coahuila, Guerrero, Nuevo, León, Tabasco y Veracruz.
La delegación se reunió con autoridades del gobierno federal, entre ellas el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y la Procuradora General, Arely Gómez González; además sostuvieron mesas de trabajo con familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos en México, entre ellos los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero. Dialogaron además con legisladores, representantes de organizaciones civiles, y otras autoridades estatales y municipales.
Sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos, Guerrero, la CIDH respaldó el trabajo realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), establecido por el organismo a solicitud del Estado mexicano y de los representantes de las familias de los estudiantes desaparecidos, muertos y heridos en Iguala entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
“La Comisión acompaña los informes presentados por el Grupo. Con base en estos informes, la CIDH urge al Estado mexicano a esclarecer la verdad de los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes”, precisó.
En este sentido, instó a que la Procuraduría General de la República (PGR) adopte cuanto antes las medidas solicitadas por el GIEI: trasladar la responsabilidad de la investigación a la Subprocuraduría de Derechos Humanos; designar, en consulta con el GIEI, un nuevo Fiscal Especial a cargo de la investigación; renovar a todos los miembros del equipo; reorientar la investigación a fin de seguir las líneas que surgen del informe del GIEI, las cuales distan de las hipótesis bajo la cual se han realizado las investigaciones de la PGR hasta el momento; y permitir a los expertos entrevistar a todos los testigos, incluidos los integrantes del 27 Batallón de Infantería.
Los representantes de la CIDH detallaron que, de acuerdo con testimonios, “existen grandes demoras en la realización de un mínimo de diligencias” en casos de desaparición forzada.
Este viernes, como lo habían adelantado desde el pasado lunes, la delegación de la CIDH ofreció una conferencia de prensa y emitió un comunicado en donde detalló las observaciones preliminares de la Visita in Loco a México.
Los problemas descriptos, sostuvo el organismo, “son resultado de una situación estructural que México padece desde hace décadas”.
“El día de hoy se cumple el 47 aniversario de la masacre ocurrida en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. La masacre continúa hasta el día de hoy en la impunidad, sin un número final, mucho menos una identificación individual, del total de personas que fueron ejecutadas o desaparecidas en ese contexto”, recordó.
En este sentido, el organismo internacional alertó que en el país, la falta de acceso a una justicia pronta, eficaz y confiable “debilita significativamente la cultura de la legalidad así como el estado de derecho en el país” y ha generado una situación de impunidad que en ocasiones impulsa la repetición de graves violaciones de los derechos humanos.
“La falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que perpetúa y en ciertos casos impulsa la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos. Las amenazas, hostigamientos, asesinatos y desapariciones de personas que buscan verdad y justicia han generado un amedrentamiento en la sociedad mexicana, generando un problema grave de sub-registro en las cifras oficiales”, sostuvo la CIDH.
La delegación indicó que durante su visita a México, en todos los estados a los que acudió, se reunió con víctimas, familiares y defensores, quienes describieron los obstáculos que han encontrado en su búsqueda de justicia y su desconfianza en las autoridades.
“La falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y en ciertos casos impulsar la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos. Las amenazas, hostigamientos, asesinatos y desapariciones de personas que buscan verdad y justicia ha generado un amedrentamiento en la sociedad mexicana, el cual la CIDH constató en reiterados testimonios de personas que no denuncian estas violaciones por temor a represalias, generando un problema grave de sub-registro en las cifras oficiales”, concluyó.
Por otra parte, la Comisión indicó que valora las medidas que el Estado mexicano ha tomado para hacer frente a este situación.
“Diversos artículos de la Constitución que establecen que en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. Asimismo destaca la decisión de la Suprema Corte de Justicia que restringe la jurisdicción militar en los casos en que los elementos de las fuerzas armadas cometan violaciones a los derechos humanos contra civiles, así como la facultad de realizar el control de convencionalidad por parte de todos los tribunales del país”, destacó.
La CIDH reconoció la publicación de la nueva Ley de Amparo en abril de 2013, saludó el Plan Nacional de Derechos Humanos (2013-2018), la Ley General de Víctimas publicada en 2013, que si bien es un paso positivo, “se ha recibido información respecto a la necesidad de una revisión integral del Sistema Nacional de Atención a Víctimas para cumplir eficazmente con su mandato”.
Reconoció la aprobación en 2012 del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, “resalta su importancia e invita al Estado a continuar con los esfuerzos desplegados para su fortalecimiento y enfrentar los diversos desafíos”.
Fuente: Sin Embargo
