El Estado mexicano “tiene un compromiso ineludible con la protección y la promoción de los derechos humanos”, aseguró la Cancillería al hacer “una serie de aclaraciones” en torno al informe de Juan Méndez, Relator sobre la tortura del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas -quien aseguró que la tortura en México es “generalizada”- en ocasión de la visita que realizó a México en 2014 y con lo que “da por terminado el diferendo”.
En un extenso comunicado, destaca que esta disposición se acredita con el trabajo de todos los órdenes de gobierno de los últimos años enfocado a fortalecer el marco jurídico e institucional que le da respaldo y lo garantiza.
“Al mismo tiempo, México reconoce, sin la menor ambigüedad, que existen retos significativos para lograr, en los hechos, una mejor y más amplia protección de los derechos humanos en el país. En particular, se reconoce que la tortura constituye una práctica a la que todavía se recurre en distintas formas y que no ha sido del todo erradicada. Ésta forma parte de los retos que el Estado asume y enfrenta a diario para una pronta solución”.
Destaca que la Secretaría de Relaciones Exteriores valora positivamente la visita y las recomendaciones del Relator y, precisamente por la importancia que se asigna a la cooperación con los mecanismos internacionales, interesa que sus diagnósticos sean objetivos, y desataca que:
• La visita del Relator se realizó mediante un proceso preparatorio que se llevó a cabo en estrecha coordinación con su oficina durante varios meses.
• La “plena cooperación [del Gobierno]durante la visita” está reconocida por el Relator en su Informe.
• El Código de Conducta al que están sujetos los relatores requiere de ellos que “al expresar sus opiniones (deben) indicar también con imparcialidad las respuestas proporcionadas por el Estado de que se trate”. Catalogar la posición de la SRE como presión va contra el espíritu y la letra de este código.
• Existen discrepancias con algunas de las valoraciones vertidas por el Relator, tanto en el informe como en las declaraciones que le han seguido.
• Una de ellas es la valoración de que en México existe una práctica generalizada de la tortura, en un contexto de impunidad, que involucra a todas las fuerzas del orden. Esta valoración no corresponde a la realidad.
• El relator define el término “generalizado” como actos que no son “aislados”. Esto contrasta con la definición ordinaria del término y con su acepción jurídica internacional.
• El Relator realizó visitas a centros penitenciarios, centros de arraigo, centros de readaptación para menores y estaciones migratorias. Muchas de ellas se realizaron sin previa cita y con muy poco tiempo de preparación.
• El Relator asegura categóricamente que no recibió en ningún momento denuncias de tortura. Así lo dice y lo reitera en su propio documento.
• Indica que, cuando se lleva a cabo, la tortura se realiza entre el momento de la detención y la puesta a disposición de la persona ante el juez. Nuevamente, todo esto no es congruente con la afirmación de que la tortura se practica en forma generalizada.
• El señor Méndez transmitió los datos sobre 14 casos de tortura. Se ha proporcionado información sobre el estado que guarda la investigación correspondiente en 12 de ellos.
• Efectivamente, existe frente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y comisiones estatales un número muy elevado de denuncias de tortura. El sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos ha desechado la gran mayoría de éstas (más del 97% en el caso de la CNDH). Así lo reconoce el señor Méndez en el párrafo 32 de su informe.
• Esto último reduce innegable y significativamente el universo de casos donde se alega la práctica.
• Otra inconsistencia radica en una de sus declaraciones según la cual el Relator recogió cientos de testimonios, incluidos niños y niñas, que dijeron haber sufrido actos de brutalidad durante su detención.
• Ante esta grave afirmación, la SRE transmitió al Relator la preocupación de esta dependencia de que mencione tortura hacia niños sin compartir la información que lo lleva a esta conclusión.
• Esta afirmación no se sostiene en lo descrito por el Relator en su informe, en el cual hace referencia únicamente a pobres condiciones de infraestructura y malos tratos, pero en ningún momento se refiere a tortura.
• El Relator, como se comprueba en su propio documento, es inconsistente entre lo que afirma de manera pública, en los medios de comunicación, y lo que refiere en su informe final. “No pueden olvidarse, en este sentido, las muy importantes contribuciones de México en favor de un mejor sistema de gobernanza multilateral en la esfera de los derechos humanos, tanto en las Naciones Unidas como en la Organización de los Estados Americanos”, precisa. Dichas contribuciones han tenido como resultado que las evaluaciones de estos organismos sean objetivas y equilibradas, al amparo de las mismas reglas para todos, y cuyo propósito es alentar la cooperación de los Estados con los mecanismos internacionales a los que, en forma voluntaria y soberana, hemos decidido someternos.
El informe del relator Méndez contiene un análisis detallado de las medidas legislativas adoptadas en los últimos años y de las políticas públicas que se han puesto en práctica para prevenir y sancionar la comisión de esta grave violación a los derechos humanos.
Este análisis, junto con las recomendaciones del relator, que se han recibido con beneplácito, contribuye al fortalecimiento de tales políticas encaminadas a la completa erradicación de la tortura en México.
“México está y se mantendrá abierto al escrutinio internacional y a la plena cooperación con todos y cada uno de los diversos mecanismos existentes en el ámbito regional y universal (Sistema interamericano de Derechos Humanos, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, órganos de tratados), así como a la cooperación con otros organismos como el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Unión Europea y otros países.
“México rendirá cuentas ante el Consejo de Derechos Humanos del cumplimiento de sus obligaciones internacionales y de las recomendaciones contenidas en el informe del Relator”.
La información que proporcione México incluirá, entre otros aspectos, los últimos desarrollos legislativos en la materia, conforme a las iniciativas del Ejecutivo Federal del 27 de noviembre de 2014, y los instrumentos de política pública que las autoridades federales y estatales han desarrollado para mejorar la capacidad de prevención, investigación y sanción de los actos de tortura.
La Secretaría de Relaciones Exteriores reafirma su postura en torno a lo dicho sobre el papel desempeñado por el Relator Juan Méndez, reitera su plena disposición a seguir colaborando con los organismos internacionales en materia de derechos humanos y acredita su política de Estado en materia de apertura al escrutinio internacional en esta materia.
De esta forma la Secretaría de Relaciones Exteriores da por concluido este diferendo.
Fuente: Reforma
