El Estado mexicano reconoció este martes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) su responsabilidad internacional por las fallas en la investigación de la muerte de la abogada Digna Ochoa y Plácido, y se dijo dispuesto a que se reabra la indagatoria para llegar a la verdad y la justicia en dicho caso.
Lo anterior fue saludado tanto por la propia CoIDH como por los propios representantes de la familia de la víctimas, quienes sin embargo señalaron que únicamente se trata de un reconocimiento parcial, y cuestionaron que las autoridades mexicanas se resistan a admitir que el contexto de graves violaciones a los derechos humanos continúan en la actualidad.
Durante la segunda audiencia sobre el tema, realizada hoy de manera virtual, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio, reconoció la condición de víctima de Digna Ochoa y admitió la responsabilidad del Estado en la violación de diversos artículos de al menos dos convenios internacionales de derechos humanos.
El funcionario admitió que en la pesquisa realizada sobre la muerte de la abogada y activista –ocurrida el 19 de octubre de 2001— hubo violaciones al debido proceso legal, pues no fue realizada por la desaparecida Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal con perspectiva de género ni visión de derechos humanos, además de que se difundió una imagen negativa de la víctima tras su fallecimiento.
De igual manera, reconoció el sufrimiento que ha generado en la familia de Ochoa y Plácido la impunidad en que el caso ha quedado por casi 20 años.
Sin embargo, también cuestionó los argumentos de la familia y los representantes de la abogada en el sentido de que el contexto general de agresiones contra defensores de derechos humanos no ha cambiado desde el momento de la muerte de Digna hasta la fecha, y que las autoridades no actuaron para proteger a la víctima.
La delegación del Estado señaló que, además de una indemnización económica a la familia, planteará un acuerdo de reparación que comprenda la reapertura de la indagatoria “con enfoque de género, perspectiva de derechos humanos y aportaciones de la familia, a través de un plan de investigación eficaz y diligente”.
Asimismo, incluiría un acto público de reconocimiento de responsabilidad por las fallas en la anterior pesquisa y la “dignificación” de la imagen de la abogada.
Karla Michel Salas y David Peña, integrantes del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, saludaron la voluntad política del Estado mexicano por el reconocimiento parcial de su responsabilidad en este episodio, pero externaron su preocupación por el hecho de que autoridades afirmen que el contexto de violaciones graves no es el mismo hoy que el existente en la época de la muerte de Ochoa.
“Nos preocupa también que siga argumentando que se actuó diligentemente ante las amenazas contra Digna, cuando ha quedado probado que no fue así”, recalcaron.
Peña subrayó que la nueva indagatoria no puede ser limitada ni acotada, sino realizarse con una modalidad amplia para ajustarse a los estándares internacionales, y señaló que en los acercamientos que ha habido entre los representantes de la familia de la víctima y el Estado, aún no se llega a ningún convenio definitivo.
Por su parte, Salas lamentó que el Estado no considere que se vulneró el derecho a la integridad personal y la vida de Digna, a pesar de las intimidaciones y ataques que sufrió la activista, los cuales no fueron investigados con la debida diligencia.
Por otro lado, dijo, las autoridades mexicanas no aceptaron el derecho a defender derechos humanos, pese a que la CorIDH ya se ha pronunciado sobre el tema.
La abogada cuestionó que el Estado diga que es posible reconocer el derecho a ser defensor de las garantías básicas, pero a partir de este momento, no de forma retroactiva, y que por ende no pueda decirse que México lo violó en agravio de Digna Ochoa.
Previamente, la jurista colombiana Ángela Buitrago, quien fungió como perito del caso, detalló que el Estado mexicano ignoró al menos cuatro líneas lógicas de investigación en la muerte de Ochoa, y privilegió la hipótesis de un supuesto suicidio, sin tomar en cuenta los antecedentes de amenazas en contra de la víctima por su labor de defensa de los derechos humanos.
Al señalar las falencias y errores de la pesquisa, señaló que la propia arma de fuego encontrada en el lugar de los hechos ni siquiera es la misma que se analizó en la entonces Procuraduría capitalina.
