A dos meses del arribo de Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República, académicas y defensoras de derechos humanos denunciaron la indiferencia del gobierno federal ante el incremento de las desapariciones de mujeres y los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Puntualizaron que a pesar de que en 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) condenó a México por los asesinatos cometidos en la ciudad fronteriza, el índice de criminalidad feminicida sigue imparable ante el “desinterés y falta de compromiso por parte de los tres órdenes de gobierno para prevenir, resolver y erradicar los casos de feminicidio y desapariciones en Ciudad Juárez y en el estado de Chihuahua”.
La denuncia fue presentada a Peña Nieto por integrantes del “Seminario internacional cuerpos y fronteras: transformando la violencia y rescatando la justicia”, organizado por el Colegio de la Frontera Norte.
En una misiva fechada el 29 de enero, especialistas encabezadas por Julia Monárrez narraron que desde septiembre de 2012 han enviado correos electrónicos a la presidencia de la República, a la Secretaría de Gobernación (Segob), a la Comisión Nacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y a los gobiernos estatal y municipal de Ciudad Juárez, para alertar sobre los niveles de violencia contra las mujeres y exigir información sobre el fenómeno, así como en torno de las acciones concretas del Estado para erradicarlo.
En la relación de las misivas enviadas, resalta una con fecha 8 de noviembre de 2012, dirigida a Felipe Calderón, en la que informan sobre el desarrollo del feminicidio en Ciudad Juárez.
“La problemática de la desaparición, tortura, violación, mutilación y abandono de cadáveres de niñas y mujeres en zonas desérticas muestra dos fases muy graves en Ciudad Juárez: una es antes de 2008 y la otra posterior a dicho año. La primera de ellas permanece en la más completa impunidad y la segunda mantiene el mismo nivel de ignominia y ha aumentado la producción social de desapariciones y muertes (…) que han superado el caso emblemático del Campo Algodonero y otros como Lote Bravo, Lomas de Poleo y el Cerro de Cristo Negro”, puntualiza la misiva dirigida en ese entonces al panista.
En la relatoría sobre las comunicaciones enviadas hasta el 13 de diciembre pasado, las académicas y activistas informan a Peña Nieto que ninguno de los oficios recibidos “aclararon cuántos feminicidios y desapariciones se han resuelto y qué se ha hecho en concreto para encontrar a los verdaderos culpables”.
Tras resaltar que los familiares de mujeres asesinadas y desaparecidas siguen exigiendo justicia y han recurrido a la movilización ciudadana como única salida, en la carta enviada a Peña Nieto advierten que “no ha pasado nada”, pese a la creciente indignación social.
Asimismo, narran que familiares de mujeres desaparecidas se articularon en un movimiento para exigir a la Fiscalía del Estado la entrega de cadáveres de mujeres que “almacena inexplicablemente en el Semefo”. Ello, añaden, después de que la dependencia entregó los restos de Beatriz Alejandra Hernández Trejo, “apenas dos huesos, que la Fiscalía tenía guardados desde hacía un año”.
Según el Comité de Madres de Jóvenes Desaparecidas en Ciudad Juárez, el Servicio Médico Forense guarda los restos de 197 mujeres sin identificar.
Las denunciantes exigieron a Peña Nieto; al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; al gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, y al presidente municipal de Ciudad Juárez, Héctor Murguía Lardizábal, entre otros, una audiencia pública en la que den respuesta a las preguntas que desde el gobierno de Calderón se mantienen sin respuesta.
Las preguntas que las firmantes exigen sean satisfechas son:
“¿Quiénes desaparecen de forma organizada a las niñas y mujeres de Ciudad Juárez? ¿Quiénes son los asesinos de esta violencia organizada? ¿Por qué persiste la necesidad de seguir formando asociaciones de madres, padres y familiares que buscan –sin encontrar– a sus hijas, sobrinas, madres y esposas? ¿Por qué continúa el peregrinar de padres, madres y familiares que reclaman los cadáveres ocultos? ¿Por qué el Memorial del Campo Algodonero, en vez de ser un sitio de reparación y justicia, se ha convertido en un sitio de demandas y reclamos ante la injusticia que padecen y resisten las personas a quienes les fue desaparecido y asesinado un familiar? ¿Dónde están las garantías de no repetición? ¿Por qué persiste la dilación de la justicia?”.
Añaden:
“Nuestra demanda ante todas las preguntas era: ¿Quiénes son las y los funcionarios del Estado que no han hecho –ni hacen– su trabajo en la procuración de justicia, e incluso de manera perversa dilatan los procesos? ¿Y por qué?”.
Entre quienes exigen respuestas a esas preguntas destacan María de la Luz Estrada, del Observatorio Ciudadano del Feminicidio en México; Karla Michel Salas, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y litigante del caso Campo Algodonero, y Francisca Galván, del Comité de Madres de Jóvenes Desaparecidas en Ciudad Juárez.
Fuente: apro
