Un juzgado de la Ciudad de México rechazó hoy la petición de Rosario Robles para descongelar sus cuentas a través de un juicio de amparo
El Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México rechazó conceder una suspensión en la solicitud de amparo de Robles contra el aseguramiento que impuso a las cuentas bancarias la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
La medida se derivó de la imputación a la ex secretaria de su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público y de causar un daño patrimonial al erario federal por más de 5 mil 73 millones de pesos.
La jueza en Materia Administrativa, Blanca Lobo Domínguez, negó este martes la suspensión provisional de acuerdo con el expediente 1200/2019.
La ex funcionaria federal a través de sus abogados pidió la protección de la justicia federal el pasado 14 de agosto, a fin de apelar que la incluyeran en la lista de personas bloqueadas de la UIF, cuyo titular es Santiago Nieto Castillo.
En ese entonces la demanda de amparo fue admitida, pero se le otorgó un plazo de cinco días para que en ese lapso precisara las autoridades a las que reclama el aseguramiento de cuentas.
Será hasta el próximo 2 de septiembre si la juez Blanca Lobo concede o niega la suspensión definitiva, una vez recibidos los informes de la UIF sobre el caso. “Se niega la suspensión provisional. Se tiene como pruebas las que refiere. Se tiene como autorizados a las personas que indica y como domicilio para oír y recibir notificaciones.
“En otro orden, se tiene en cuenta de que algunas autoridades responsables señaladas por la parte quejosa en su demanda son particulares, por tanto, se ordena notificar de forma personal a las citadas autoridades, lo anterior para efectos legales”, señala la resolución.
El 13 de agosto pasado Rosario Robles Berlanga fue vinculada a proceso por ejercicio indebido del servicio público, al ocasionar un presunto quebranto al erario por 5 mil 73 millones de pesos, cuando estuvo al frente de las secretarias de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
El juez federal Felipe de Jesús Delgadillo determinó como medida cautelar la prisión preventiva justificada. Permanece recluida en el Centro de Readaptación Social Femenil de Santa Martha Acatitla para evitar una posible fuga durante el tiempo que dure el proceso.
Fuente: La Jornada
