Un grupo de especialistas internacionales en temas de derechos humanos manifestó su inquietud ante la eventual aprobación de la ley de seguridad interior (LSI) en el Senado de la República, por considerar que dicha norma significa un “grave riesgo” para las garantías individuales.
Juan Méndez, ex relator de la ONU sobre la Tortura; Ariel Dulitzky, ex integrante y presidente del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, y Christof Heyns, ex relator de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, expresaron en una carta conjunta su “profunda consternación” por el proyecto de LSI que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados.
Tras subrayar que han visitado México y conocen de manera directa sus retos de seguridad, los firmantes subrayaron que han visto cómo “la intervención de las fuerzas armadas en materia de seguridad no ha contribuido a mejorar la situación de seguridad del país; por el contrario, ha agravado las problemáticas propias de los temas que cada uno de nosotros conoció: la desaparición de personas, la tortura y malos tratos, y las ejecuciones extrajudiciales”.
En ese sentido, luego de haber analizado el texto de la iniciativa de LSI “constatamos que no aborda las causas estructurales de la violencia, ni propone medidas transformativas para superar la situación actual.
“El proyecto de ley carece de las salvaguardas debidas y de los controles adecuados y está plagado de definiciones imprecisas que oscurecen el sentido del texto. Particularmente, el texto no solo no recoge, sino que es contrario a varias de las recomendaciones que oportunamente formuláramos” tras visitar el país en su momento, dijeron.
Por todo ello, los expertos recalcaron que se suman a las voces de “de las víctimas, organismos internacionales de derechos humanos, personas e instituciones expertas, organizaciones de derechos humanos y demás actores que han expresado su oposición a la aprobación del texto propuesto y llamamos al Senado mexicano a no adoptar la ley de seguridad interior en su redacción actual”.
Fuente: La Jornada