El director general del organismo, Julio César Vega, señaló que debe haber equilibrio en la defensa de los derechos de propiedad intelectual, no se deben transgredir derechos humanos como el de la información. Internet se debe mantener como una herramienta libre de acceso, afirmó.
Por Miriam Posada/ La Jornada
La Asociación Mexicana de Internet sí ha sido convocada por la Secretaría de Economía para tratar las negociaciones sobre propiedad intelectual que se pretenden aprobar en el Acuerdo de Asociación Transpacífico, y en esos encuentros la organización mexicana de Internet ha sido muy clara en que el Estado mexicano no puede delegar su obligación de perseguir y castigar los delitos cibernéticos en los proveedores de servicios de Internet (PSI), afirmó el director general del organismo, Julio César Vega.
Señaló que debe haber equilibrio en la defensa de los derechos de propiedad intelectual, no se deben transgredir derechos humanos como el de la información, y alertó que internet se debe mantener como una herramienta libre de acceso a la educación, cultura, como herramienta de desarrollo económico y para fomentar la creatividad de los mexicanos en la generación de contenidos.
La Amipci aseguró está en contra de cualquier tipo de delito que se cometa en la red y está de acuerdo en que se persiga y se castigue a quien lo cometa y no a los PSI porque está fuera de su naturaleza “no deben actuar como persecutores y al final los costos que eso les representaría se repercutirían en los usuarios finales”, lo que iría en contra de uno de los principios de la reforma constitucional que busca mejores servicios y precios para los usuarios de servicios de telecomunicaciones.
Julio César Vega dijo que imponer más barreras al uso de internet sería contraproducente en un país como México, donde la penetración de internet es de apenas 35 por ciento de la población, contra niveles mucho más altos de los países con los que se está negociando el acuerdo.
Además, explicó, hacer que los PSI sean los vigilantes de los contenidos generaría más incertidumbre de la que ya existe en actividades como el comercio electrónico, ya que las personas tendrían más desconfianza sobre la seguridad de sus datos personales.
Precisó que la Amipci le recomendó a la Secretaría de Economía que sólo en el capítulo de propiedad intelectual y particularmente en lo que tiene que ver con el entorno digital, se firme el acuerdo en términos generales bajo el entendido que el objetivo es el combate a la piratería, y que los puntos específicos se traigan a discusión pública en la que participen todos los afectados por esta medida, que el gobierno escuche las posiciones y propuestas y que con base a las necesidades y la realidad del país se adquieran compromisos.
“Los países negociadores tienen legislaciones incluso opuestas a la mexicana, índices de penetración de internet mucho mayores y necesidades diferentes, México no puede firmar algo que no vaya conforme a su realidad”, concluyó.
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