La oposición chilena rechazó este lunes el anuncio del gobierno de hacer un congreso constituyente que formule una nueva Carta Magna que sea ratificada en un posterior plebiscito, lo que se suma a los fallidos intentos por calmar el estallido social que ya lleva 25 días.
Los puntos de disenso, incluso entre algunos congresistas oficialistas, radican en que el mecanismo propuesto por el presidente Sebastián Piñera estará a cargo de los congresistas en ejercicio, que mayoritariamente tienen una muy baja aprobación ciudadana, y en la realización de un plebiscito al final del proceso y no antes para conocer las demandas ciudadanas.
La vocera de gobierno, Karla Rubilar, comentó que “nuestro camino no es la asamblea constituyente… pero debe ser con participación activa” en un virtual portazo a la exigencia de la oposición de que sea una asamblea elegida democráticamente la que redacte una nueva carta magna para luego disolverse.
El anuncio fue formulado la noche del domingo por el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, luego de una reunión de Piñera con algunos de sus ministros y parlamentarios de su coalición política “Chile Vamos”. Agregó que el proceso tendrá “una amplia participación” ciudadana.
El gobierno hizo nuevos anuncios. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, informó sobre un acuerdo con la oposición que destrabó la discusión del presupuesto para 2020, que considera una rebaja del precio de las tarifas del transporte público para adultos mayores y medidas para reprogramar la financiación de los estudiantes morosos de una deuda que miles universitarios contrajeron, con altos intereses, con la banca privada.
La rebaja para los adultos mayores y la revisión de las deudas con la banca eran uno de varios puntos exigidos por años por la oposición.
La Constitución chilena se convirtió en el segundo texto más comprado la última semana, según el informe semanal del periódico El Mercurio.
El senador opositor Felipe Harboe declaró que “la ciudadanía está demandando una cosa distinta, que haya una Asamblea Constituyente o exista un mecanismo donde participen los ciudadanos”.
Su colega oficialista Manuel José Ossandón señaló que “los parlamentarios no tenemos la credibilidad hoy día, el Parlamento no la tiene para hacer algo sin la participación más activa de la comunidad”.
Marcelo Mella, analista de la Universidad de Santiago de Chile, dijo a The Associated Press que “con los niveles de aprobación que tiene el Congreso y el gobierno, la legitimidad (del proceso) es un bien muy escaso dentro de la clase política como para suponer que sectores de la oposición… vayan a aceptar esto como un procedimiento legítimo”.
El diputado oficialista Javier Macaya afirmó que “nosotros creemos que el actual Congreso… no está interdicto para tener esta discusión”.
La Constitución chilena, que privatizó los servicios básicos, creó sistemas de educación y salud a los que se puede acceder según el poder adquisitivo y consagró el libre mercado, fue impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
La Constitución vigente dice que una reforma de su texto debe ser aprobada por los dos tercios de los congresistas.
En el centro de la capital chilena, el ministro coordinador de la presidencia con el Congreso, Felipe Ward, admitió que aún no hay una propuesta detallada que amplíe el anuncio de la víspera.
Al atardecer unas dos mil personas se reunieron en Plaza Italia, la misma que el 25 de octubre congregó a más de 1.2 millones de personas. La situación terminó como se ha hecho costumbre, con pequeños grupos de encapuchados que se enfrentaron a la policía, que a su vez dispersó a todos con chorros de agua y abundantes gases lacrimógenos.
El 18 de octubre un alza en la tarifa del metro detonó incendios y ataques en la mayoría de sus estaciones y centenares de saqueos a supermercados seguidos por multitudinarias protestas por un amplio abanico de demandas que van desde mejoras en la educación, la salud y las pensiones hasta una nueva constitución.
Claudia Heiss, académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, dijo a AP que “hemos visto que, en general, el gobierno llega tarde y llega con propuestas tibias a las demandas sociales” y “esta es una oportunidad para reaccionar de una manera mucho más contundente si es que se quiere contribuir a que el país vuelva la normalidad y que se hagan los cambios que requiere el sistema político”.
En los comienzos de la crisis Piñera anunció un paquete de leves mejoras sociales a las pensiones básicas, cuyo monto es de 146 dólares mensuales, y propuso proyectos para rebajar los millonarios sueldos de los congresistas y un alza en los impuestos de quienes ganan más de 11.000 dólares al mes, pero no logró atenuar las protestas.
Fuente: AP
